A Israel Vallarta lo han privado de la libertad durante más de 14 años. La única condena que ha recibido es la de los medios. A él sólo juzgó la televisión y el público, porque la justicia no lo ha sentenciado todavía. No oficialmente. En la madrugada del 9 de diciembre de 2005 bastaron unas transmisiones “en vivo” hechas por TV Azteca y Televisa para que Israel Vallarta y Florence Cassez quedaran permanentemente acusados de ser los líderes de una banda de secuestradores. La histeria de los medios se impuso a la historia. En unos minutos se les consideró culpables pese a que el expediente judicial nos cuenta todo lo contrario. Eso es lo que han descubierto, al sumergirse en sus más de 20,000 fojas en 30 volúmenes, los excelentes trabajos de investigación publicados por Emmanuelle Steels en “ El teatro del engaño” y el relato hecho ficción llamado: “Una novela criminal”, de Jorge Volpi.
Israel Vallarta es una doble víctima del Estado mexicano. Por un lado, fue acusado ilegalmente por un alto mando policial del gobierno federal: Genaro García Luna. Por otro lado, también es víctima del Estado a causa de un diseño constitucional deficiente que viola la presunción de inocencia. A raíz de ambas fuentes de arbitrariedad, Israel Vallarta acumula ya 14 años de prisión sin sentencia. Por si fuera poco, el domingo pasado, Israel fue declarado en un estado delicado por haberse enfermado del peligroso nuevo coronavirus Covid-19 en el penal de Alta Seguridad de Puente Grande Jalisco.
Israel Vallarta es víctima del Estado mexicano por culpa de un diseño constitucional que no logra todavía abrazar, a cabalidad, el principio de presunción de inocencia. Esto es así, porque desde que fue detenido, Israel fue puesto en prisión preventiva, esto es, cárcel sin sentencia, por el sólo hecho de haber sido acusado de secuestro. Nada importó que la escena de detención hubiese sido producto de un montaje, como fuera admitido por el propio García Luna. En México, la etiqueta de estar acusado de secuestro basta para encarcelar a alguien, con pruebas o sin ellas.
Alejandro Jiménez (@alejandrojimp o Delito Grave), es un abogado que ha seguido puntualmente el debate de prisión preventiva oficiosa en México, resume a este sistema como una suspensión permanente del derecho a ser juzgado como persona y no como un enemigo de guerra al que hay que incapacitar privándole de toda posibilidad de defensa. México, junto con El Salvador, Nicaragua y Venezuela figuran en la lista negra del abuso de este tipo de figuras en el continente, donde le permitimos a fiscales y detectives sin escrúpulos encarcelarnos de forma automática, sin pasar por un juez. Esta prerrogativa, que dejó como veneno la reforma constitucional de Felipe Calderón en 2008, no es solamente una aberración del constituyente permanente. Además de la responsabilidad que tuvo nuestros legisladores en su momento, el marco constitucional ha sido avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como explica Jiménez, en octubre pasado, la Primera Sala de la Corte, dejó ir la oportunidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la extensión arbitraria de la prisión preventiva al desestimar la contradicción de tesis 155/2019. El texto de tal resolución coquetea con el absurdo; niega la existencia de contradicción entre una tesis que califica de inconstitucional cualquier encarcelamiento preventivo superior a dos años y otra, que justifica el incumplimiento de ese límite constitucional para ciertos casos, desdibujando, de esta manera, el límite de tiempo para la duración de la prisión preventiva.
Ojalá Israel Vallarta sobreviva el virus, tal y como superó el linchamiento público de autoridades y comunicadores; al igual que ha navegado un sistema penal arbitrario. Israel merece una tragedia criminal con mejor final.
Investigadora en justicia penal
