La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) demanda un proceso de reingeniería de gestión para su supervivencia y correcto funcionamiento.
La Auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el contexto de la revisión de la cuenta pública 2018, ilumina prácticas que, de no corregirse, llevarán a la quiebra a este órgano creado para asistir a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Lamentablemente, existieron malas decisiones de origen. Según el documento de la ASF, hasta 2018, la Comisión centró su actuación pública en la asignación de recursos económicos a víctimas. Esto por encima de la mandatada asistencia en sentido amplio, la cual debe incluir mecanismos de protección, búsqueda de la verdad y justicia, así como reparación integral del daño, más allá del aspecto económico.
El documento de la ASF cuestiona la concentración de la CEAV en mecanismos de compensación económica. Además, la propia auditoría reprueba que las mencionadas asignaciones carezcan de criterios abstractos y justos que garantizasen igualdad y proporcionalidad. La conclusión es que la asignación y distribución de dinero como parte de la reparación del daño es totalmente discrecional.
Las afirmaciones de la Auditoría tienen un eco en la voz de algunas víctimas que se han acercado a la Comisión y, también en los funcionarios que heredaron el esquema de operación del órgano. Para ellos, la asignación sin ton ni son de los recursos económicos ha propiciado esquemas de corrupción particularmente dolorosos en un órgano encargado de asistir a víctimas de violaciones a derechos humanos. Son víctimas del Estado dos veces. Según estas voces, los apoyos económicos respondían principalmente a la presión que ejercieron las víctimas o sus abogados sobre la Comisión, ya sea a través de mecanismos políticos o a través de agresivas estrategias de litigio. Para terminar con la tragedia, existen indicios de que, en el pasado, funcionarios adscritos a la Comisión ofrecían la tramitación de apoyos económicos a cambio de un porcentaje de los mismos, recurriendo al esquema de un vulgar moche.
No sorprende que, a la luz de las prácticas anteriores, exista evidencia de una asignación injusta de recursos del Estado. Mientras algunas víctimas reciben apoyos económicos modestos, otras han logrado reparaciones valoradas en millones de pesos. Esta profunda desigualdad existe, incluso, entre personas afectadas, todas ellas, a partir de un mismo hecho de violación, lo que constata el trato arbitrario que fomentó la Comisión.
Además de las observaciones que ha hecho la Auditoría, la CEAV ha reportado que heredó de la administración anterior 453 amparos pendientes de resolución. La mayoría de estos amparos incluyen pretensiones exclusivamente económicas y millonarias que, de perderse, pondrían en una quiebra moral y presupuestal a la Comisión.
El apoyo a las víctimas cuyos derechos humanos han sido violentados puede tener muchas expresiones: desde la disculpa pública por parte de las autoridades, encontrar un hogar seguro a quienes sufrieron desplazamientos forzados, procurar apoyo psicológico prolongado, entre otras muchas formas de atención. Sería lamentable circunscribir el papel de la Comisión a la expedición de cheques como se ha hecho hasta ahora. Por ello, es urgente la revisión profunda de los esquemas de gestión de la Comisión si queremos que se cumplan los objetivos más amplios para los que fue creada.
Investigadora en justicia penal
