La vacuna contra el coronavirus SARS-COV-2 es una hazaña de la ciencia que ha logrado esperanzarnos en el momento más doloroso de la pandemia, donde el drama de la saturación hospitalaria y la pérdida de vidas humanas cruza toda frontera.
La modesta oferta de dosis de vacunación en México, como en otros países, ha provocado que el debate se centre en discutir quién tiene derecho a vacunarse y en qué orden. La escasez momentánea de la vacuna en un contexto de picos de contagio obliga a definir lineamientos de distribución y acceso. Se trata de un proceso de justicia. Esto es responsabilidad del Estado, porque las reglas que éste emite tienen un efecto real en la asignación de las probabilidades de muerte y de vida en cada individuo. Es una tarea crítica y delicada y, por tanto, el enfoque sobre el derecho a la vacunación se entiende.
Existe, sin embargo, una discusión pendiente que tiene que ver con el derecho a tomar decisiones informadas de vacunación. Este es un debate desatendido que tiene que abordarse cuanto antes. La principal responsabilidad del Estado al respecto, consiste en promover procesos independientes de recopilación de datos de calidad y en garantizar la publicación de los mismos.
Al día de hoy sabemos poco sobre los efectos de la vacuna en humanos. Por un lado, contamos con información recabada por las propias empresas farmacéuticas que, además de provenir de muestras pequeñas, está teñida, inevitablemente, de un potencial conflicto de interés, porque quien recabó la información tenía un incentivo inherente en soslayar los efectos adversos del producto que pretendía comercializar. Por otro lado, tenemos información anecdótica, rastreada principalmente por periodistas, sobre los casos de reacciones adversas a la vacuna en la población. Ante este vacío, es el Estado quien tiene que garantizar mecanismos de generación de información por terceros independientes en el corto y largo plazo.
El caso Pandemrix es un ejemplo que ilustra la importancia de que esto se haga. En octubre de 2009, GlaxoSmithKline (GSK) lanzó la vacuna Pandemrix contra el virus H1N1. Autoridades en Estados Unidos y Gran Bretaña afirmaban que la vacuna era segura. Sin embargo, en 2010, estudios en Suecia, Finlandia e Islandia relacionaron el uso de la vacuna con un aumento de casos de narcolepsia, un desorden neurológico que causa que una persona se duerma repentina e inesperadamente en diferentes momentos del día. Aunque GSK desestimó los estudios, en junio de 2015 un joven británico recibió una compensación de 120 mil libras por la incapacidad provocada por la narcolepsia asociada a Pandemrix. Más aún, en 2017, un juez en Gran Bretaña rechazó la solicitud del gobierno de suspender los pagos a personas afecta das por la vacuna y obligó a la apertura de los expedientes internos de GSK. Esta acción judicial reveló que tanto la compañía como las autoridades sabían, antes de los casos de narcolepsia, de la existencia de otros eventos adversos serios que no se hicieron públicos.
Hoy, la aprobación emergente de las vacunas nos pone en una situación frágil ya que los efectos adversos surgirán en las aplicaciones en campo en los próximos años o décadas. La información pública no existe.
Otra incertidumbre es quién pagará en caso de que las cosas salgan mal. Para asegurar las dotaciones limitadas de vacunas, países como Gran Bretaña y Australia han ofrecido indemnidad a las farmacéuticas, eximiéndolas de la responsabilidad en caso de efectos adversos. En México, ¿qué haremos al respecto?
@Layda Negrete
