En justicia, hay que decirlo, nos tomaron prevenidos. Desde el año pasado, autoridades federales venían anunciando que harían reformas de fondo al sistema de justicia penal. Del contenido de las iniciativas no se hablaba ni pío, pero ya se acompañaban con grandes fanfarrias. En octubre del 2019, representantes de los tres poderes se reunieron en la antigua sede del Senado. Fue un precioso evento donde anfitriones e invitados festejaron la belleza de la desconocida propuesta. Nos pidieron esperar a enero para conocer a la criatura.
El bautizo sin niño de aquél otoño pasó a ser un aparatoso funeral sin muerto en invierno. El que habría de ser el banderazo de salida de la gran reforma se suspendió a causa de una filtración que ocurrió en la víspera. Los borradores circulados detonaron numerosas críticas de la comunidad jurídica. De la indignación se pasó a la mofa y comenzaron a circular memes con imágenes de sistemas medievales de justicia que se anunciaban como la novedad del siglo XXI.
Nadie desmintió los documentos. Por el contrario, la Fiscalía General de la República tuvo el tino de emitir un comunicado oficial reprochando la discusión que habían detonado los borradores filtrados. Filtrados pero no ficticios. El adjetivo seleccionado fue una poderosa admisión sobre el origen y autoría de los contenidos de la reforma fraguada en sigilo.
Los borradores en el banquillo muestran tres cosas positivas: 1) la propuesta de eliminar el auto de vinculación a proceso, un lastre del sistema inquisitivo; 2) fortalecer el sistema de justicia cívica, algo que descongestionaría las fiscalías al permitir que delitos menores se trataran como infracciones administrativas; 3) se contempla ampliar la acción penal privada, permitiendo a particulares recabar y presentar pruebas así como hacer acusaciones directamente ante un juez.
Pero el buen Fiscal por su casa empieza y, en cambio, las reformas propuestas por Gertz Manero no alcanzan a rasguñar la criminalidad más nociva que ocurre en el país: la que ocurre al interior de las fiscalías y procuradurías. La extorsión cotidiana que ejercen personal policial y ministerial en contra de ciudadanos, es nuestro peor cáncer. Este delito aniquila la posibilidad de tener un sistema de justicia que exige imparcialidad como condición necesaria. Si la justicia está en venta, no hay justicia.
El paquete legislativo asume que los colegas de Gertz son unos santos. Su propuesta es dar un cheque en blanco al Ministerio Público, darles grandes poderes y removerles prácticamente todo control judicial. Llega al punto de proponer la validez del espionaje ministerial, el perfeccionamiento de pruebas ilegales y, para rematar, da facultades a funcionarios de fiscalías para privar de la libertad a cualquiera de nosotros sin juicio, no importa el delito.
Quien pretende encontrar seguridad a expensas de la justicia muy pronto se dará cuenta que al final se pierden ambas.
No puede pasarse por alto que muchos de los luchadores sociales que ocupan puestos en las cámaras y el gobierno, incluido el presidente, no podrían haber llegado a donde están de haber existido un sistema tan arbitrario como el que propone hoy la Fiscalía. Es necesario un debate público sobre el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y justicia que nos pondría a trabajar sobre la única agenda que puede unirnos. Porque seguimos sin formas de controlar la violencia. Porque seguimos sin formas de castigar el crimen. Porque nos duele ver a niños perdidos, asesinados o armados.
El tiempo apremia.
Miembro de la Comisión técnica para la transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX
