Carolina lleva más de ocho meses sin ver a su hija Andrea de seis años por una decisión absurda de nuestro sistema de justicia familiar en la Ciudad de México. Un juez, preocupado por el Covid, determinó que la mejor forma de proteger a la pequeña Andrea durante la pandemia, era con un esquema de “visitas” virtuales con su madre, de una hora al día que el padre ha convertido, a la mala, en una sesión a la semana. Desde mediados de marzo del 2020 hasta el día de hoy, la desatinada decisión ha sido imposible de rectificar.
Carolina llevaba más de diez años siendo víctima de violencia por parte de Rubén, su pareja sentimental y padre de Andrea. A pesar de ser una empresaria exitosa y la principal proveedora de recursos dentro de la familia, Rubén descalificaba a Carolina como incompetente, ignorante, éticamente laxa y hasta fea. Por otro lado, Rubén ejercía violencia económica y obligaba a su pareja a sostener a la familia entera, aunque él tenía un negocio de consultoría cuya actividad e ingresos mantuvo en secreto. Carolina pagó siempre las guarderías y la escuela primaria privada; también solventaba los gastos asociados a cuidadoras porque, a pesar de que Rubén estaba todo el día en casa, se negó siempre a hacer labores del hogar y de proveer cuidados a su hija.
La mala experiencia con la justicia de la CDMX inició cuando Carolina decidió separarse de Rubén e iniciar un juicio para determinar un esquema de manutención, custodia y visitas para Andrea. Carolina llevaba meses tratando de lograr una separación voluntaria que no cuajó. Rubén no solo se negó a salirse de la casa, sino que amenazó a Carolina que, si ella dejaba el hogar con la pequeña Andrea, él la acusaría de secuestro y la encarcelaría por años.
Los meses que precedieron la salida de Carolina de su propia casa se caracterizaron por una escalada de violencia. Cuando la situación se hizo insoportable salió del hogar y buscó ayuda de inmediato. Así, Carolina inició el procedimiento legal para obtener, en un juzgado, lo que había sido imposible de obtener de común acuerdo con Rubén: un esquema de custodia compartida y una corresponsabilidad en los gastos asociados a Andrea. Sin embargo, a días de presentar su demanda en el juzgado, la crisis sanitaria derivó en un colapso en la oferta de justicia en la capital. Hoy, después de meses de cierre total de los juzgados, después de las vacaciones judiciales, después de meses y meses, el juez a cargo notificó a Carolina algo que le cayó como balde de agua fría: la primera audiencia para su caso será en noviembre del 2021, a un año de hoy.
Mientras en la capital se promueven las “Noches Contagio” en tiendas departamentales, niñas y niños en procesos de divorcio no pueden ver a sus padres. Son ellos a quienes se les sacrifica por una mala política pública. Una decisión que se entendía al inicio del resguardo, por falta de información acerca del riesgo que el Covid imponía a menores, resulta inadmisible el día de hoy. La crisis sanitaria no solo ha retrasado la justicia en la CDMX, sino también la obstaculiza determinantemente para las poblaciones más vulnerables. Ocho meses lleva Carolina sin ver a su hija, no la vio en su cumpleaños, ni la verá en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Reyes. Esta separación promovida por la justicia ha vuelto real el discurso de abandono que el padre de Andrea ha alimentado en la niña.
Del Covid se ha protegido a Andrea; pero ¿quién la salva de este daño emocional irreparable?
