Curioso, la fiesta de Mafer se hizo viral en un país donde estos eventos no son tan frecuentes, pero tampoco excepcionales. México conoce bien esos episodios de lujo desbordado y nada silencioso que aparecen de pronto en redes sociales: escenarios monumentales, artistas contratados para conciertos privados, vestidos legendarios y bolsas de Hermès. Esta vez ocurrió en Tabasco, un estado donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, pero donde también hemos visto negocios prosperar gracias a las influencias políticas y al crimen organizado.
Estos pachangones suceden en Sinaloa Guadalajara, el Estado de México, Ciudad de México. Ricos y poderosos habrá pocos, pero están repartidos por todo el país, y su presencia no depende necesariamente de que la localidad sea económicamente próspera. Lo saben bien los artistas contratados para esos conciertos privados, lo saben las marcas de lujo que venden por montón y lo sabe también el efectivo que circula en esas economías.
México es la economía número doce del mundo, pero alrededor del 80% de las transacciones diarias todavía se realizan en efectivo, según estimaciones difundidas por Visual Capitalist. En las economías más desarrolladas, el efectivo ha perdido terreno frente a los pagos digitales y el sistema bancario. En México no. Aquí el efectivo sigue siendo rey, un medio cómodo para transacciones cotidianas, pero también para aquellas riquezas que prefieren moverse lejos de cualquier registro.
No todas esas fortunas tienen el mismo origen. Algunas provienen de contratos públicos o favores políticos; otras más —las más visibles en el imaginario colectivo— de las economías criminales que desde hace años forman parte de la cotidiana en el paisaje nacional. La del padre de Mafer, Juan Carlos Guerrero, pues viene de sus contratos con Pemex desde hace más de una década. Las menos vienen de empresas familiares bienhabidas. Lo que todas comparten es algo más profundo: raramente desaparecen.
Durante el sexenio pasado, la conversación política en México se organizó alrededor del gran pleito de Morena contra el resto. De transformación contra regresión. La polarización ocupó casi todo el espacio público. Pero mientras el país se enfrascaba en ese debate, otra realidad permanecía prácticamente intacta. México terminó dividido entre los pobres y quienes luchan por no parecer pobres, mientras el poder económico seguía donde siempre ha estado: arriba, concentrándose. Los ricos no desaparecieron con la autollamada 4T; muchos se adaptaron y algunos prosperaron pero la corrupción estructural tampoco desapareció.
Cuando el gobierno anunció que 13.4 millones de personas habían salido de la pobreza, Morena ganó muchos puntos. El dato ocupó titulares y silenció muchas preguntas incómodas. Pero sabemos que reducir pobreza no es lo mismo que producir movilidad social. En otras palabras, el origen sigue pesando demasiado.
A esto, surge el informe más reciente de Oxfam que aporta otra pieza del rompecabezas. La organización advierte que la riqueza conjunta de los 22 milmillonarios mexicanos alcanzó 3.9 billones de pesos, la cifra más alta registrada hasta ahora. También señala que el número de milmillonarios se duplicó en el último sexenio, pasando de diez a veintidós. Si bien la tendencia no es particular en el país, hay que recordar que la acumulación extrema de riqueza permite a los ultrarricos influir cada vez más en la política, en los medios y en las decisiones públicas. La organización, dirigida en México por Alexandra Haas, habla incluso del riesgo de una oligarquía, un escenario en el que el poder económico termina condicionando al poder político.
La escritora Rebecca Solnit ha descrito ese fenómeno con ironía. En un ensayo publicado señaló que los multimillonarios concentran no solo riqueza sino también una influencia desproporcionada sobre la política y el planeta, mientras reaccionan con un notable autocompadecimiento cada vez que se habla de impuestos o regulación. ¿Le suena conocido?
La palabra que mejor describe esa escena es hipocresía. Existe una hipocresía entre ciertas élites económicas que denuncian la desigualdad mientras exhiben en redes sociales botellas de vino que cuestan más que el ingreso anual de millones de personas o celebraciones que funcionan como vitrinas del privilegio. Pero también existe una hipocresía política cuando la discusión pública se limita a celebrar la reducción de la pobreza sin reconocer que la movilidad social —la posibilidad real de cambiar de posición en la estructura económica— sigue siendo una de las grandes deudas del país.
México parece dividido en tres capas que conviven sin encontrarse del todo: los pobres, quienes hacen enormes esfuerzos por no parecer pobres y los ricos, que viven en una esfera propia.
Hace unos días estuve en Cuautla, Morelos, el mismo estado de Kimberly y de Carol— conversando con un grupo de mujeres sobre violencia y derechos. Hablábamos de denunciar a los agresores, de exigir justicia, de no normalizar el abuso. Una de ellas levantó la voz y dijo algo que se quedó flotando en el salón:
—La ley no sirve.
Morelos aparece con frecuencia entre los estados con mayores tasas de feminicidio. La frase de la mujer era un diagnóstico, comprobado una y otra vez. En México la desigualdad no solo separa ingresos. Separa destinos. Algunos nacen en lugares donde la ley no llega, no existe. Otros nacen en lugares donde la ley se acomoda a billetazos.
Por eso las fiestas extravagantes generan tanta fascinación pública. No son solo espectáculo: son un recordatorio de que existe un México donde el dinero puede comprar casi todo —estatus, silencio, influencia— y otro donde ni siquiera alcanza para comprar justicia.
Y ahora que la economía mexicana atraviesa un periodo de crecimiento débil, la pregunta vuelve a aparecer. ¿Qué dirán los empresarios que aprendieron tan rápido a llevarse bien con el poder cuando el crecimiento deja de ser argumento?
Porque, al final, hay algo que atraviesa sexenios, gobiernos y narrativas políticas.
Los ricos podrán quejarse.Pero en México —casi siempre— los ricos lloran y aun así no pierden.
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