En 2019, Guerrero figuraba en el cuarto estado del país con mayor número de muertes por aborto practicados de manera insegura. En 2020, más de tres mil niñas y adolescentes tuvieron embarazos que llegaron a término. Los municipios con más casos registrados: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo e Iguala.
Guerrero es uno de los estados más azotados por la violencia, la pobreza, y por ende, el acceso a la justicia y a la salud. En años anteriores, esa “justicia” limitaba, cada que podía, con más restricciones el aborto por violación, exigiendo a las víctimas, por ejemplo, una denuncia ante el Ministerio Público para poder acceder a los servicios de salud y abortar sin ser penalizadas.
Cuando una joven es obligada a parir porque la ley dice que el aborto es un crimen, el crimen se está cometiendo contra esa mujer. Cuando una joven es encarcelada por haber sufrido un aborto espontáneo, el crimen se sigue cometiendo. Cuando la ley prohíbe abortar, las mujeres que han decidido hacerlo buscan una alternativa clandestina, comúnmente de escasa experiencia, y muchas veces mueren.
Hasta este 2022, en Guerrero se ha castigado el aborto con penas de uno a tres años de prisión fuera de las causales de violación, riesgo a la salud o inseminación artificial no consentida. Después de la votación esta semana en el Congreso del estado, Guerrero se ha convertido en la octava entidad del país en modificar su código penal, seguida de la directriz por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización hecha en septiembre de 2021, por la que ninguna mujer puede ser encarcelada por abortar. Fueron 15 años de lucha para las feministas tratando de colocar la reforma en el debate legislativo, postergada una y otra vez hasta ahora. Qué difícil ha sido la lucha y cuántas vidas se ha llevado el aborto clandestino. A esos legisladores del PAN, PRI y PRD, secundados por los grupos pro vida que se dejan ir con pancartas y consignas de “asesinos”, finalmente la ley les ha puesto un espejo. La pregunta ante los datos sigue pareciendo necia. ¿Por qué alguien más decidirá por el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué si la realidad nos repite todos los días que cuando se penaliza el aborto, las más afectadas siempre serán las mujeres más pobres? Las que consiguen recursos viajarán a otro estado o buscarán hacerlo en una clínica con mayor experiencia. La ley anti aborto solo sirve para poner en peligro más vidas.
El gobierno registró a través del servicio de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) entre 2007 -año en que se despenalizó en Ciudad de México- y 2020, poco más de 330 casos de mujeres que llegaron desde Guerrero a la CDMX para solicitar el procedimiento. Un caso parecido a Oaxaca con 400 casos, dada la distancia a la capital del país, así como las condiciones de vida. Estas mujeres ya no tendrán que viajar y podrán ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en su propio estado. Y a manera de comentario final, mientras Morena se erige como represor de las mujeres que marchan, Morena feminista vota por sus derechos en los Congresos estatales una vez más. Y mientras la oposición se erige feminista defensora de quienes ningunea el presidente, falsea y vota en contra para aliarse con los conservadores pro vida. La esquizofrenia del día a día nunca puede ser un buen síntoma de la democracia.
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