México fue el primer país del mundo en adoptar oficialmente, en 2009, la medición de la pobreza multidimensional. Ésta, además de computar la insuficiencia de recursos económicos, emplea varias dimensiones, conocidas como carencias sociales, tales como salud, educación, alimentación, seguridad social, acceso a vivienda y su calidad.
Es decir, este indicador va más allá del ingreso y permite medir “derechos sociales”, lo que posibilita conocer la situación social de la población mexicana y permite focalizar el tipo de atención requerida para superar dichas carencias. Así, una persona es considerada pobre cuando no puede cubrir sus necesidades básicas y presenta una o más carencias sociales; en tanto, es pobre extremo si presenta tres o más de las carencias antes expuestas y su ingreso es insuficiente para cubrir una canasta alimentaria. Lo interesante de esta medida, es que introduce el concepto de vulnerabilidad; es decir, hay vulnerables por ingreso cuando presentan ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades, pero no presentan carencias sociales y hay vulnerables por éstas, aunque tengan el ingreso para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, una persona no es ni pobre ni vulnerable, cuando no tiene limitación de ingreso ni de carencias sociales.
Esta medida, por consiguiente, es muy robusta porque permite albergar el concepto de “bienestar económico” y el de “derechos sociales”, comprendiendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional, permite tener una visión del desarrollo social de forma integral y puede guiar la política pública para propiciar la inclusión social.
Esta medición se hace cada dos años a nivel nacional y por entidad federativa y cada cinco años a nivel municipal. Las cifras para 2022 ya están disponibles, arrojando resultados que exigen una profunda reflexión y análisis. De forma general, se puede decir que en lo que va de la actual administración (2018 a 2022), la población en situación de pobreza en el país ha bajado, empero han aumentado carencias y ha habido un nulo avance en pobreza extrema.
La reducción de la pobreza (5.1 millones menos en el periodo analizado), obedece fundamentalmente y después de que ésta aumentara en 2020 como secuela de la pandemia, a la posterior recuperación de la economía, las transferencias monetarias de los programas sociales y a la política de progresión salarial. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reveló que el año pasado 36.3% de la población vivía en pobreza multidimensional; es decir, 46.8 millones de personas, cantidad que es menor a los 51.9 millones de personas registradas en 2018. En tanto, en pobreza extrema el porcentaje subió de 7.0% a 7.1% de la población total, pasando de 8.7 a 9.1 millones de personas, en el lapso referido.
En números absolutos, el estado con mayor población, el Estado de México, es donde también radica el mayor número de pobres (7.4 millones de habitantes en esta situación). En tanto, la persistencia de la pobreza extrema en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se hizo patente una vez más, ya que no sólo son los estados con mayor porcentaje de pobres en el país (más de 60% de su población en esta condición), sino además en donde más de 20% de la población se encuentra en pobreza extrema.
Asimismo, en materia de acceso a educación y salud en la última medición del Coneval, se observa un retroceso, particularmente en este segundo rubro, donde el porcentaje total de población con esta carencia pasó de 28.2% a 39.1%. Y si bien es cierto que hay un mayor acceso a alimentación también en el periodo de 2020 a 2022, así como un mayor porcentaje de población de 65 años o más con acceso a la seguridad social, el porcentaje de personas ocupadas con esta carencia es la más alta, de las seis comprendidas en la pobreza multidimensional, abarcando a más de 50% de la población.
En resumen, se puede decir que si bien muchos indicadores de la pobreza multidimensional, mejoraron en 2022, sí hay un foco rojo en materia de carencias, particularmente notable en materia de salud. Haber hecho a un lado los servicios sociales favoreciendo las transferencias, no ha beneficiado, particularmente, a los más pobres. Sin duda este es un reto para la siguiente administración para la focalización y mejora de las políticas sociales, sobre todo, en el sector salud el cual está inmerso en una muy severa crisis.
Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte
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