Por: Ricardo Monzón Kcomt / Latinoamérica21
Aquel jueves, Pedro, de 80 años se levantó con celeridad, no para iniciar su jornada de taxista, sino para acudir a las oficinas del Banco de la Nación donde cobraría, por primera vez, su aporte al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), al que contribuyó durante 12 años. El Fonavi, fue un fondo de aporte obligatorio para trabajadores y empleados creado por decreto ley en Perú durante la dictadura militar del 79 y que fue cancelado en 1998 durante la dictadura de Fujimori. A décadas del fin del fracasado proyecto, al fin el gobierno retribuiría todo lo que sus afiliados habían invertido. Sin embargo, tras ser atendido luego de una kilométrica fila de adultos mayores, Pedro recibió una paga 46 soles (US$12).
Según reportes periodísticos de la época, la iniciativa se gestó para dar acceso a viviendas sociales y el otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas para la fuerza trabajadora con la intención de solucionar el déficit habitacional, ya que la demanda de vivienda superaba la oferta, producto de la creciente urbanización en las ciudades. El régimen de entonces, al mando del general Francisco Morales Bermúdez, estableció el sistema de aporte obligatorio destinado específicamente a la vivienda propia.
Aunque inicialmente se crearon unidades habitaciones que perduran hasta hoy, las asignadas a dedo, los créditos hipotecarios a personas con influencia política y los proyectos habitacionales incompletos, sumado a las numerosas denuncias de corrupción en el manejo del fondo provocaron el fin del proyecto.
Su desaparición dio paso al Fondo MiVivienda (Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda), que actualmente está bajo administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Pero desde aquellos días, los aportantes del Fonavi, llamados coloquialmente como “fonavistas”, lucharon incansablemente para exigir la devolución del dinero aportado durante casi 20 años.
En 2010, tras un referéndum, la agrupación logró la aprobación de una ley que dispuso la devolución del dinero. La visibilidad del movimiento fue tal, que el grupo de ex aportantes consiguió la inscripción oficial de un partido político, Democracia Directa. Bajo el símbolo de una casa amarilla, desde el 2013 en adelante el partido participa de comicios presidenciales, congresales, regionales y municipales, pero no ha lacnzado obtener ningun cargo electo.
El pago, sin embargo, se fue retrasando por la falta de registros históricos para calcular los montos a devolver. Hasta que en octubre de 2022, cuando oficialmente finalizó la pandemia de COVID-19 en Perú, se instaló una comisión encargada de garantizar la devolución del dinero.
Un año más tarde, a finales de diciembre del 2023, se empezó a devolver el aporte pero en cantidades irrisorias debido a varios factores, uno de ellos referido a un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que el retorno debía provenir del Estado, pero también de las empresas empleadoras que recortaron el aporte obligatorio del salario de los trabajadores para destinarlo al Fonavi. Pero las empresas, o ya no existen o no se han hecho responsables.
Además, la norma que ordena la devolución de los aportes también señala que esta puede darse con “pagos a cuenta”, dejando abierta la posibilidad de que los propios aportantes acredite mayor tiempo de trabajo al estipulado para realizar el cálculo. En gran parte de los casos, sin embargo, esto resulta imposible por la inexistencia de registros. Además, en muchos casos, ante los reclamos de las víctimas por el reconocimiento de los años trabajados, se les exige documentos en muchos casos inexistentes lo cual imposibilita los reclamos. Y como si fuera poco, a esto se suma la devaluación del monto por el cambio de moneda de Intis a Soles en junio de 1991. Por lo tanto, resulta imposible saber la cifra que obtendrá cada adulto mayor.
Lo que sí se sabe es que, sumadas las contribuciones de todos los peruanos afiliados, el Estado recibió aproximadamente 3,000 millones de soles durante el cuarto de siglo en que estuvo activo el fondo. Y según el padrón del propio Fonavi, hasta diciembre del 2023 había un millón 200 mil ancianos registrados esperando el reintegro, lo que equivale a más del 3,5% del total de ciudadanos del Perú.
La comisión especial creada por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, órgano ejecutor del Gobierno, inició el jueves 25 de abril el pago del Grupo 1 de aportantes al Fonavi, que comprende a 153 mil personas. Los beneficiarios son personas con discapacidad, con enfermedades graves y terminales, y mayores de 80 años, allí estuvo Pedro. El Grupo 2, que incluye a 400 mil más, comenzará a recibir el pago a mediados de julio y beneficiará, entre otros, a los herederos de los fonavistas fallecidos.
¿Qué podría hacer estas personas con un ingreso como el de Pedro de unos 12 dólares? Para hacernos una idea, en la actualidad, la canasta básica familiar en el Perú para cuatro integrantes asciende a más de 1,660 soles, es decir poco más de 441 dólares, por lo que no podrán hacer mucho.
Este, sin embargo, es un problema más en un país donde solo poco más del 31% de la población está afiliada a un sistema de pensiones público o privado, ambos seriamente cuestionados por la desaceleración de la economía. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la pobreza afecta actualmente al 29% de la población.
Años de olvido, de letargo burocrático, de indolencia estatal culminan en la entrega de bonos irrisorios que literalmente no sirven para nada. ¿Cómo pedirle a ese millón de personas que crean en el Estado? ¿o a sus familiares, jóvenes votantes cuyos abuelos no ven el retorno de sus aportaciones?
Cuando en diciembre de 2023 se iniciaron los pagos, la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, señaló que su gestión “se encuentra comprometida” con las devoluciones, que son parte de un “legítimo reclamo”, y cuestionó que “varios Gobiernos destinaron esos recursos a otros fines”.
Esperemos que estas no sean solo palabras y que esta vez los gobernantes atiendan la demanda de los adultos mayores que durante décadas aportaron al Fonavi. No hay derecho a socavar aún más el bolsillo de más de un millón de adultos mayores en Perú que, como Pedro, perdieron la esperanza de envejecer con una pensión digna.
