En esta época se promete mucho en cuanto a la seguridad del país. Está bien, de hecho, está muy bien porque la inseguridad es la mayor preocupación del electorado. Siempre debe ser un tema de reflexión, debate y -sobre todo- el ejercicio del derecho-deber que es la participación ciudadana. Más adelante, seguramente vamos a ver más propuestas más aterrizadas de política pública.
Antes de eso, invito a otra reflexión que pudiera orientar a futuros planes y programas de política pública: la importancia del estado de derecho para la seguridad.
El concepto de estado de derecho es central para la misión de las Naciones Unidas y el Secretario General lo ha resaltado en su nueva visión al respecto.
Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.
Todo un bocado, lo sé, pero es imposible pensar en seguridad duradera sin abordar los desafíos del estado de derecho que las sociedades enfrentan. Afecta nuestra vida cotidiana y no solo la de las personas que entran en contacto con el sistema de justicia y el aparato de seguridad.
La seguridad tiene que estar respaldada por el estado de derecho para perdurar, y el crimen (particularmente el crimen organizado), con toda la violencia, corrupción e impunidad que conlleva, es su enemigo más tenaz y tóxico.
Según la ‘Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública’ que INEGI publicó hace pocos días, la inseguridad nos cuesta caro. En 2022, los 21.1 millones de víctimas perdieron en promedio $9,332 pesos como consecuencia del delito y gastaron $773 pesos por daños a su salud causados por el mismo delito. Además, hay que considerar que más de un tercio de la población adulta del país gastó en promedio $3,025 pesos en medidas de protección. En los términos más sencillos, el estado de derecho es el habilitador para sociedades en paz; entre otras cosas porque (I) requiere el respeto por los derechos humanos, (II) está interrelacionado con el desarrollo, (III) está centrado en las personas, (IV) promueve la igualdad de género, y (V) se basa en la responsabilidad compartida y la cooperación.
Por eso, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) está comprometida con todos los esfuerzos nacionales y de la cooperación internacional que buscan promover la seguridad y el estado de derecho.
Trabajamos desde la prevención hasta la persecución del crimen organizado y la corrupción. Tenemos programas integrales de prevención que abordan discriminación y exclusión, e incorporan empoderamiento territorial y policía comunitaria. Tenemos proyectos de fortalecimiento del sistema de justicia penal (investigación, persecución y enjuiciamiento). Tenemos propuestas para involucrar a cada persona que se preocupa por el bienestar y pretende hacer una diferencia por su México lindo y querido.
Representante UNODC México
