Hoy, 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, se celebra la firma de la Convención de las Naciones contra la Corrupción, realizada hace casi 20 años en la ciudad de Mérida. Un hito que obliga.
La Convención de Mérida, como se le conoce coloquialmente, es nada más y nada menos que el único instrumento universal y jurídicamente vinculante que tiene el mundo. Es una manifestación del rechazo global a la corrupción y marca las pautas de acción en términos de prevención, persecución y cooperación internacional, incluyendo la recuperación de bienes robados. De hecho, los estados parte se comprometieron a realizar evaluaciones periódicas sobre la aplicación de la Convención. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción procura dar cumplimiento a sus exigencias.
Este compromiso nacional e internacional, se extiende a cada ciudadana y ciudadano: el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre lo público, lo privado y lo social. En realidad, la participación de la ciudadanía no es sólo un derecho sino también un deber (un llamado derecho-deber) que nos conviene tomar en serio para nuestro propio bien. ¿Por qué?
Porque la corrupción vulnera todos nuestros derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Atenta contra el derecho al desarrollo mismo y, sin el goce efectivo de éstos, nunca vamos a alcanzar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Concretamente, hablamos del derecho al trabajo, alimentación, vivienda, salud, educación y a los servicios públicos. Otros ejemplos incluyen el derecho al acceso a los tribunales, a un juicio imparcial y a la participación pública.
Éste último es explícitamente reconocido en la Constitución y se asocia con mecanismos de gobierno abierto. Bien manejado, implica la participación de la ciudadanía en todo el ciclo de gestión de políticas públicas, desde su diseño, formulación, ejecución, hasta su seguimiento y evaluación.
Lejos de ser un ejercicio fácil, no es imposible. Observatorios ciudadanos, programas de testigos sociales y portales públicos a lo largo y ancho del país dan ejemplo y resultados todos los días. Algunas soluciones se basan en tecnología e innovación; otras en verificaciones físicas para controlar la calidad y calidez del servicio al interior de hospitales y otras instituciones esenciales para nuestro bienestar.
Justo para impulsar la participación activa de personas y organizaciones de la sociedad civil, no-gubernamentales o comunitarias, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) acaba de presentar la “Metodología para el Fomento de la Participación Ciudadana en la Prevención y Combate a la Corrupción” (http://bit.ly/3BnDV6W) durante la reciente Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Esta guía es una invitación a ejercer nuestro derecho y unirnos proactivamente a una causa que sigue relevante después de 20 años. Juntos tenemos la oportunidad de asumir este compromiso colectivo y dejar un legado digno de otra celebración.
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