La figura de revocación de mandato fue establecida por primera vez en el año 2017 en la Constitución de la Ciudad de México. Posteriormente, se incluyó en la Constitución general a finales de 2019. Su finalidad es que la ciudadanía decida sobre la permanencia o no de un gobernante a partir de la pérdida de la confianza.
En la reforma al artículo 35 de la Constitución general, quedó establecido que este ejercicio democrático podrá ser solicitado únicamente por la ciudadanía, en los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del titular del Ejecutivo federal. La petición deberá ser realizada por el equivalente al 3% del listado nominal de electores, es decir, más de 3 millones de firmas y que correspondan al 3% del listado nominal de al menos 17 entidades federativas. Será organizada y difundida por el INE. Tendrá un efecto vinculante sólo si se alcanza el 40% de la participación ciudadana.
Cuando se realizó esta reforma, se estableció que el próximo año se pondrá a consideración de los mexicanos, si debe continuar o no en funciones el Presidente de la República. Claramente es una herramienta que tienen los ciudadanos para castigar a los gobernantes por una ineficiente administración.
En el Senado de la República se han presentado diversas iniciativas para regular este ejercicio de participación ciudadana, propuestas por Morena, el PRI y el PAN. Al ser un tema de trascendencia nacional, se deben realizar los debates y ejercicios parlamentarios necesarios para generar un proceso que dé certeza a los mexicanos.
Una vez más el Presidente de la República, desde Palacio Nacional, intenta instruir al Poder Legislativo, delineando la ruta para esta ley.
Demuestra que para él, estar en la boleta es una prioridad. Y eso, todos lo tenemos claro. Lo hemos visto sin faltar en cada elección sexenal: en el 2000, 2006, 2012, 2018 y por qué no, ahora quiere seguir en ella en 2022.
El nuevo capricho del Presidente de la República ha sido público: convocar a un periodo —incluso extraordinario— para que los 628 legisladores, incluyendo diputados y senadores, puedan resolver sobre la ley reglamentaria.
Veremos si las órdenes de Palacio Nacional se ejecutan inmediatamente, lo cual sería una vergüenza legislativa, pero de esas hemos visto varias. O en su caso, se aborda en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.
Al parecer, la intención de pervertir las figuras de participación ciudadana es reiterada. Ya lo vimos en la consulta del pasado primero de agosto, donde actores políticos de Morena y el propio Presidente, le mintieron a la gente diciendo que era para enjuiciar a exmandatarios, cuando la pregunta aprobada por el máximo tribunal mexicano no tenía esa redacción. Armaron un circo y acusaron al INE del fracaso de la misma. No han entendido que el pueblo de México no tiene sed de venganza, sino de progreso.
Ante el mal manejo de la pandemia, con los niveles más altos de inseguridad y con la falta de dinero en los bolsillos de los mexicanos, pareciera que les urge reeditar la figura del Presidente.
Este gobierno debe entender que se le eligió por 6 años y ya lleva 3 con resultados muy mermados: el cuarto país con más muertes por Covid, con 3.8 millones de nuevos pobres y más de 90 mil asesinatos. El Presidente debe dejar de pensar en elecciones y empezar a materializar resultados.