La ciudad de Tijuana fue la anfitriona para que el pasado 31 de marzo de 2019, Jaime Bonilla iniciara su campaña rumbo a la gubernatura de Baja California. Desde el principio las reglas eran muy claras, ya que el criterio sobre la duración del encargo del gobernador se estableció no solo noventa días antes, sino desde cinco años antes de la elección, siendo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, es decir, dos años.
Tras sesenta días de campaña, el 2 de junio de 2019, los bajacalifornianos acudieron a las urnas a emitir su voto, resultando electo Jaime Bonilla, quien anunció que ampliaría su mandato por cinco años. Sin embargo, quien hizo el trabajo sucio fue el congreso local y tres de los cinco municipios en Baja California, ya que aprobaron una reforma para aumentar la duración del mandato de dos a cinco años: la Ley Bonilla. Nada más irresponsable e inconstitucional.
Desde ese momento, llovieron las impugnaciones por todos lados. El alcalde de Mexicali, el PAN, el PRD y MC, recurrieron tanto al Tribunal Electoral Federal, como al máximo tribunal de la nación para evitar que se publicara la Ley Bonilla y, éste, durara al frente del gobierno de Baja California más tiempo, contraviniendo el estado de derecho.
En un acto por legitimar el capricho del gobernador electo y haciendo uso de la mal llamada “voluntad del pueblo”, el 13 de octubre de 2019 se convocó a una consulta ciudadana, a todas luces ilegal, la cual, además de contar con tan sólo el 2% de la participación del listado nominal, estuvo plagada de irregularidades. Tras varios días de que la reforma estuvo “pseudo secuestrada” por el congreso local, se remitió el proyecto de decreto junto con los resultados obtenidos de la consulta, para que se promulgara el 17 de octubre del año pasado.
Con la publicación de la reforma, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad por parte del PAN, MC, PRD, PRI, Partido de Baja California y la CNDH. Todas, actualmente en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las que existe un proyecto de sentencia del ministro José Fernando Franco González-Salas, en el que se declara inconstitucional la reforma que amplía el mandato, sin embargo, se requiere del voto de cuando menos ocho de los once ministros para dejar sin efectos la reforma que permitiría a Bonilla Valdez quedarse tres años más en el encargo.
En estos tiempos de cuidar a nuestras instituciones, la próxima semana le tocará a la Suprema Corte la alta responsabilidad de decirle no al gobernador, y con ello, respaldar al Estado democrático y, sobre todo, garantizar el respeto al voto de los bajacalifornianos. Este tema es jurídicamente sencillo, que lo politizado del asunto no desvíe la realidad, la reforma es inconstitucional.
Hoy la justicia en este país tiene nombres y apellidos: Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González-Salas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José María Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ellos deberán tener altura de miras, congruencia y legalidad, porque México los necesita más que nunca.
Esperemos que la autonomía e independencia se materialice en ocho o incluso en la unanimidad de sus integrantes, México atraviesa una pandemia de salud y no debe atravesar por otra pandemia más, la de la ilegalidad. La llamada Ley Bonilla debe ser anulada por una Corte honorable. Esperemos que así sea.
Senadora de la República
