Semana tras semana, escuchamos del Presidente de la República amenazas constantes por destruir al INE y al Tribunal Electoral. Sin duda, la obsesión del primer mandatario por concentrar el poder lo ha llevado a mostrarse totalmente intolerante.
La consigna es clara: institución que no cumple con la voluntad presidencial debe ser desaparecida, sin embargo, se le olvida algo muy importante: ni en el Senado de la República ni en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados cuenta con los votos necesarios para realizar modificaciones constitucionales que destruyan a las instituciones democráticas.
El presidente López Obrador se autodenomina demócrata, que respeta a las instituciones, sin embargo, llama la atención que, en la última fase del proceso electoral, es decir, en la resolución de los medios de impugnación, anuncie una reforma electoral que sabe que no va a prosperar. Lo hace con el único fin de generar presión externa tanto en las Salas Regionales como en la Sala Superior de nuestro máximo tribunal de justicia electoral.
Anunciar que va a remover a los magistrados electorales, afecta los principios de autonomía, inamovilidad e independencia de los juzgadores electorales. Una reforma como la plantea va en contra del artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que obliga a nuestro país a respetar la independencia de cualquier juzgador en un Estado de derecho.
Para detener estas arbitrariedades, hay un bloque de contención fuerte y decidido que no permitirá que se siga usando al Poder Legislativo para hacer leyes a modo que dañen al pueblo de México. Ni el uso faccioso de las instituciones para perseguir a la oposición le seguirá funcionando.
Hoy persigue a Ricardo Anaya, excandidato presidencial que ha evidenciado los errores de este gobierno. La justicia para este gobierno es selectiva. Se persigue a los opositores pero a sus cercanos no se les toca ni con el pétalo de una investigación. De ese nivel es esta 4T.
Desde el inicio de su administración, López Obrador se ha querido adueñar de las instituciones. No se debe olvidar que, gracias al robo de dos votos, hoy la CNDH está subordinada y permanece callada en medio de esta ola de violaciones a derechos humanos.
La obsesión del Presidente de la República por apoderarse de los espacios, ha llegado al absurdo de pedir que renuncien los magistrados electorales y de pasada los consejeros del INE. Su intención es clara, busca generar presión en los integrantes de los órganos jurisdiccionales y aprovechar la ocasión para apropiarse de los espacios que le son incómodos.
Han pasado casi tres años de gobierno, y sin duda, algo que no ha entendido el huésped de Palacio Nacional, es que existe una división de poderes que le da balance al Estado mexicano. Los contrapesos son necesarios, sobre todo cuando se tiene un gobierno tan unipersonal y autoritario.
La próxima semana empieza una nueva legislatura, una que deberá estar a la altura de las circunstancias. Una legislatura que no debe seguir modificando las leyes al son que toca el Presidente. Afortunadamente tendremos un bloque de contención que no se doblega ante las amenazas de este gobierno. Entre más se hostigue y trate de manipular al sistema de justicia para minar a las voces disidentes, más unidos se deberá estar contra este régimen.
