Uno de los temas que más lastima a los mexicanos es la inseguridad. Los asesinatos, las desapariciones, las masacres, la extorsión y el cobro de piso, son algunos delitos que han aumentado durante el último sexenio.
La fallida estrategia de seguridad pública tiene a México ensangrentado. Las cifras del primero de diciembre de 2018 al día de ayer, revelan que abrazar a los delincuentes ha dejado más de 197 mil personas asesinadas y más de 51 mil han sido desaparecidas.
La recientemente publicada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del Inegi, muestra que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en nuestro país. Dicho estudio destaca que, del total de los más de 31.3 millones de delitos cometidos, los estados de Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz son los que más incidencia delictiva presentaron durante el año pasado.
La reforma que ayer se discutió en la Cámara de Diputados para adscribir a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, perpetúa la fallida estrategia de seguridad implementada por el régimen.
El gobierno federal está desmantelando a las instituciones civiles y está abandonando a las policías estatales y municipales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quedará como un ornamento.
Volver a la Guardia Nacional un brazo más de las fuerzas armadas es inconvencional, es decir, es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y violatorio de los tratados y convenios internacionales de los que México es parte.
El Estado mexicano ha sido dos veces condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Alvarado Espinoza contra México y el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México), y su jurisprudencia establece que las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública sólo podrán ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada por autoridades civiles, subordinada a un mando civil y complementaria a las instituciones de seguridad de carácter civil. Esto es un nuevo retroceso en materia de derechos humanos, ya que dichas sentencias son obligatorias para nuestro país.
Una vez más, el régimen mintió. En el discurso, dijeron que no militarizarían al país, pero en los hechos, lo están haciendo. Con los votos -que el pueblo de México no les dio-, están dilapidando a las instituciones y están llevando a nuestra nación a un régimen totalitario y antidemocrático.
Militarizar al país no es la respuesta para disminuir los altos índices de violencia y delincuencia. La Guardia Nacional debe ser de carácter civil y cumplir con los compromisos que se hicieron en 2019 con los ciudadanos. El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública debe ser temporal y no permanente.
Diputada federal