Durante meses hemos visto cómo el régimen se ha valido de todas las argucias posibles con tal de imponer a sus allegados en el Poder Judicial. Hemos sido testigos de cómo han hecho un proceso de tómbolas o con listados de aspirantes sin validación previa, sin embargo, en los últimos días se han sumado aún más irregularidades que hacen de este proceso un despropósito.
Por ejemplo, la reforma judicial publicada en septiembre pasado, indica que el texto constitucional se debe interpretar en su literalidad, es decir, no da pie a otros criterios, no obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó que sea el Senado quien realice la insaculación para determinar quiénes serán los candidatos que le correspondía proponer al Comité de Evaluación del Poder Judicial. El pecado de ese Comité fue detener el proceso para darle cumplimiento a una orden judicial, es decir, el régimen viola la reforma que ellos mismos aprobaron, privilegiando el azar por encima de la profesionalización.
Pero ahí no acaba todo, el TEPJF también aprobó una resolución en la que facultan al Senado para que elija, incluso, a personas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad. Lo anterior genera que los demás candidatos no lleguen en igualdad de condiciones a la elección, vulnerando así el principio de equidad en la contienda.
Aún hay más, uno de los grandes pretextos de la reforma judicial era brindar legitimidad a las personas juzgadoras, pero el INE aprobó un Acuerdo en el que pretenden dividir cada uno de los circuitos judiciales en distritos electorales. Esto es, que las personas que viven en una entidad federativa no votarán por la totalidad de los cargos a postular, sino que sólo lo harán por algunos de los candidatos. Con este acuerdo se crea un efecto desproporcionado del sufragio, acomodarán las candidaturas a fin de que sean sus allegados quienes ganen y se viola el principio constitucional de igualdad en el voto.
El desaseo es tal que incluso se ha anunciado que en caso de que el papel seguridad con el que se imprimen las boletas llegue a terminarse, lo continuarán haciendo en papel común, pero con candados de seguridad. Este es un nuevo ultraje a la Constitución, prometieron democratizar el sistema judicial, sin embargo, lo que están haciendo es adueñarse de los contrapesos.
Están obstinados en demoler la democracia, al Estado de derecho y los recursos jurídicos para defenderse de los abusos del poder. En esta cerrazón por destruir a las instituciones, los más afectados serán los mexicanos.
El pilón:
En la Cámara de Diputados se discutirá la reforma a la Ley del Infonavit con la que el gobierno pretende usar 2.4 billones de pesos que provienen de los ahorros de los trabajadores.
En el PAN, estamos a favor de viviendas dignas, pero no de esto con lo que pretenden desviar el dinero de los mexicanos.
Diputada federal. @KeniaLopezR