Hace 109 años la Constitución de 1917 nació como respuesta a un país convulsionado por la gesta revolucionaria. Fue, ante todo, un pacto para pacificar, para encauzar la exigencia de justicia social y para dotar al Estado mexicano de principios capaces de ordenar la convivencia y mirar hacia el futuro.
Hoy, en un contexto distinto pero igualmente desafiante, esa misión sigue vigente.
Nuestra Constitución no es un documento inmóvil. Ha sabido evolucionar junto con la sociedad que le dio origen, incorporando nuevas realidades, ampliando derechos y reconociendo demandas históricamente postergadas.
Que este año, en esta conmemoración republicana, por primera vez tres mujeres hayamos hecho uso de la voz es resultado de una evolución constitucional que ha ampliado derechos y fortalecido la inclusión en la vida pública.
Pero la evolución normativa no basta si la vida cotidiana de millones de personas permanece lejos de la legalidad prometida. La Constitución solo puede cumplir su función pacificadora si existe congruencia entre lo que establece y lo que se vive.
Desde la angustia de una mujer que camina de noche por una calle insegura, hasta el miedo permanente de perder a un ser querido, la violencia sigue siendo una herida abierta que interpela al Estado en su conjunto.
Por eso sostengo que la Constitución debe ser, nuevamente, el instrumento para pacificar a México. Un acuerdo incluyente, sin filias ni fobias, que represente también a quien piensa distinto y que funcione como un campo neutral de acción común para todos los poderes y todas las fuerzas políticas.
Un pacto que comprometa, pero que no confunda la lealtad con la imposición del pensamiento único.
Hablar de seguridad, de salud y de democracia en el aniversario constitucional no es retórico: son retos sociales, institucionales y políticos; por tanto, retos constitucionales.
La confianza en la ley nace de la convicción de que solo el derecho puede encauzar la convivencia y sancionar la violencia. A quienes ejercemos responsabilidades públicas, la ley nos faculta, pero la ética nos obliga.
El debate sobre una posible reforma electoral pondrá a prueba estos valores. Defender la Constitución implica cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación que han permitido, a lo largo de 26 años, transiciones pacíficas y gobernabilidad democrática. Defenderla, pero también revitalizarla, es el desafío de nuestro tiempo.
Que este aniversario sea la oportunidad para que México reconozca en su Constitución no una promesa incumplida, sino la base real de un país en libertad, con bienestar y en paz.
Esa es la responsabilidad histórica de nuestro tiempo: honrar la Constitución no solo con discursos, sino con decisiones que hagan de la ley una garantía cotidiana de dignidad, justicia y paz para todas y todos.