Esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados recibió a los titulares de dos de las dependencias más importantes del gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Pero ¿cuál es la importancia de que comparezcan funcionarios del gobierno ante el Poder Legislativo?
Las comparecencias en el Congreso de la Unión son un instrumento trascendental de control parlamentario y de rendición de cuentas dentro del sistema de división de poderes mexicano. A través de ellas, los titulares del gabinete del Ejecutivo Federal acuden ante los legisladores para rendir cuentas sobre el estado que guardan las dependencias a su cargo o explicar temas específicos que se estén analizando, tal como el paquete económico para el próximo año, que deberá estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.
Este mecanismo, previsto en nuestra Carta Magna, es mucho más que un protocolo institucional: es la esencia de nuestra democracia y una expresión de sentido republicano que fortalece la confianza ciudadana y enriquece el debate de ideas.
En primer lugar, los funcionarios públicos rinden cuentas sobre la administración de los impuestos de los contribuyentes y sobre la toma de decisiones que impactan en la vida de millones de ciudadanos. El hecho de que deban responder preguntas o explicar políticas públicas ante representantes populares, permite que sus acciones puedan ser evaluadas y sujetas al escrutinio público. Se trata de limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia.
En segundo lugar, las comparecencias nutren el debate parlamentario. Los legisladores, en su papel de representantes de la pluralidad política, formulan cuestionamientos desde distintas visiones ideológicas y territoriales. Esto enriquece la discusión, pues obliga a los funcionarios a explicar sus decisiones frente a las diversas fuerzas políticas, tanto a las voces de la mayoría como a las de la oposición. De esta manera, la ciudadanía tiene acceso a un panorama más amplio y crítico sobre el rumbo del país.
No basta con implementar las políticas públicas: todas las autoridades deben justificar sus resultados ante los representantes de la nación.
El pilón
Esta semana se terminó de discutir en el Congreso de la Unión la reforma a la Constitución en materia de extorsión y, al momento de redactar este artículo, diez legislaturas estatales ya la habían aprobado. Espero que, con la expedición de un nuevo marco jurídico para combatir dicho delito se pueda abatir uno de los flagelos que más lastiman a las familias mexicanas, ya que —de 2019 a la fecha— ha aumentado un 21% y representa el tercer delito más frecuente en el país, siendo el que más afecta a los establecimientos y lugares donde se desarrolla la actividad económica.
Presidenta de la Cámara de Diputados
