La reforma al Poder Judicial ha sido un rotundo fracaso desde su imposición. Al régimen no le bastó con despedir —mediante una tómbola— a jueces, magistrados y ministros con amplia experiencia. Hoy, han degradado al servicio judicial y han promovido que, más allá del conocimiento, sea la mofa la que dicte muchos de los perfiles de quienes serán electos en junio próximo.
Hemos sido testigos de todo tipo de videos, eventos y propaganda en la que los aspirantes tienen que servirse de sus apellidos, de su físico o de su gracia para prevalecer en el conocimiento público. No importa que sean destacados juristas, profesores con experiencia o personas con una carrera judicial impecable, lo que importa ahora es cuántos seguidores o con cuántos acarreados llenan los eventos.
Se encuentran en disputa 881 cargos federales y saldrán a campaña un total de 5,379 candidatos, eso, sin sumar las entidades federativas que también renovarán su Poder Judicial local. Es una elección que costará a nivel federal, 13 mil millones de pesos y que, probablemente, tenga una participación ciudadana menor al 15% (según datos del propio INE).
El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe que los servidores públicos promocionen esta elección, sin embargo, el régimen está desesperado por salir a hacer campaña. Basta ver las impugnaciones que anunciaron y que han interpuesto contra el INE con tal de promover a sus candidatos.
La ciudadanía no quiere formar parte de esto que, para millones de mexicanos es una farsa. No quieren ser observadores electorales, ni funcionarios de casilla, porque es claro que no hay controles estrictos para vigilar el financiamiento, tampoco habrá resultados preliminares y peor aún, tendremos que esperar hasta 10 días para conocer los resultados. ¿Qué pasará en esos 10 días? ¿cuántas manos manipularán las boletas?, ¿cuántos votos válidos serán anulados?, ¿cuántos votos que no existieron serán inventados?, todas esas dudas acompañan, lastimosamente, este proceso electoral.
Aunque sin duda, lo más lamentable es que hay aspirantes con antecedentes turbios. Van desde candidatas plagiarias, hasta aquellos relacionados con cultos religiosos, defensores de narcotraficantes, detenidos por portación ilegal de armas de fuego y posesión de drogas, aquellos acusados de asesinato, de abuso y acoso sexual, o señalados por liberar a presuntos violadores.
Estoy consciente de que también hay buenos perfiles, que hay mujeres y hombres que han hecho de su vida una trayectoria en el Poder Judicial, en la academia, que respaldan su probidad y su trabajo, pero todos ellos, los buenos y los malos, tendrán que sujetarse, ante la inasistencia de una ciudadanía que participe, a las reglas de la movilización con líderes que probablemente su único fin será obtener dinero o peor aún, con grupos delincuenciales que les financien campañas y les provean de movilización en el territorio a cambio de que cuando lleguen estén a su disposición como autoridad.
La democracia ha sido la forma de elección más perfecta desde los griegos. Lamentablemente, este proceso no tiene un espíritu democrático, ante cientos de nombres que la mayoría no conoce, de cargos que no se sabe qué hacen y en medio de un país que hoy está ensangrentado y sufriendo el embate de los aranceles, la ciudadanía no saldrá a votar.
Esta es la crónica de una elección fallida.
Diputada federal. @kenialopezr