La pandemia del COVID-19 está lejos de concluir; y en nuestro país, tras los números de decesos que todas y todos conocemos, a pesar de la contención de contagios y la vacunación exitosa en diversas regiones del mismo, no podemos relajarnos y dejar de cuidarnos. Porque, además, tenemos por delante los meses más fríos del año y la probable vulnerabilidad de la salud de las personas, en especial, de ciertos grupos poblacionales como las personas adultas mayores, indígenas, mujeres y menores.
En tal escenario, por un lado, debemos atender a las personas en sus necesidades inmediatas, ello sujeto a las limitaciones financieras, humanas y materiales que tiene una administración golpeada en lo económico como la nuestra y, como sucede en el mundo tras lo ocurrido.
Sin embargo, por otro lado, me parece que es nuestra obligación y opción histórica voltear al futuro y construir las condiciones necesarias para dar un salto cuántico, pero sobre todo cualitativo en materia de empoderamiento y generación de posibilidades para una efectiva comunicación entre las personas y sus instituciones, avanzando por la ruta de la transparencia. Comunicación que en su fluidez, plena accesibilidad de información y apertura de cara a la sociedad no dependa de condiciones materiales prevalecientes, sino que corra ininterrumpidamente y brinde a las personas, en todo momento, certezas que les resultan necesarias para tomar sus propias decisiones con toda libertad.
En este siglo, el tipo de comunicación descrito pasa necesaria y claramente por lo digital y por los avances tecnológicos. En esa línea de pensamiento, debemos hacerla pasar también, por el camino que lleva desde la apertura y la transparencia proactiva, hasta la plena comprensión de que toda la información, absolutamente toda, le pertenece a las personas y que la plena transparencia debe ser la regla, y la reserva la excepción. Todo ello, ponderando siempre el acceso a la información frente a la privacidad y la protección de los datos personales de todas y todos.
Es un momento el que vivimos, en el que no podemos sino abrir nuestras mentes proyectivamente, pensar, construir y dar forma a una realidad social diferente, fundada en una sustancial cultura de los derechos humanos, y en el profundo entendimiento de que en democracia no hay otras vías diferentes a la de compartir, en la práctica, el conocimiento, el quehacer público y las decisiones que nos competen como personas, poniéndolas bajo nuestro escrutinio y consideración. Porque tales determinaciones dan forma a nuestra vida misma y, por ende, solo pueden ser tomadas por nosotras y nosotros.
Tales decisiones deben ser planteadas en conjunto y orientadas hacia los principios de progresividad, interdependencia, indivisibilidad y universalidad de las libertades y derechos humanos, como los faros que marcan las coordenadas del único puerto seguro que todas y todos debemos tener siempre, una mejor calidad de vida.
Nuestro país, puede invertir en mil proyectos de infraestructura y, quizá, avanzar el desarrollo social en algunas áreas con ello; sin embargo, el crecimiento, el desarrollo y el cambio social positivos y culturales de tipo intergeneracional, solo pueden nacer y avanzar desde la democracia, si es que en verdad queremos que las y los que vengan vivan en un mejor México.
