La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, un documento fundacional en la historia constitucional de México, marcó un hito trascendental en la conformación de la nación mexicana. Este documento, nacido en los albores de la independencia de México, fue el resultado de un arduo proceso de consolidación política y social. Representó una amalgama de ideales liberales y republicanos, influenciados por las corrientes de pensamiento de su tiempo, como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En su esencia, la Constitución de 1824 estableció un marco federalista y republicano, dividiendo el poder entre el gobierno federal y los estados, y consolidando las tres ramas del gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial.
Sin embargo, más allá de su importancia histórica, la Constitución de 1824 y su legado deben ser comprendidos y evaluados en el contexto de los retos actuales del constitucionalismo, especialmente en un siglo caracterizado por profundos cambios tecnológicos y sociales. El constitucionalismo, como disciplina jurídica enmarcada, sin duda, en la filosofía política, se enfrenta hoy a desafíos sin precedentes que cuestionan las estructuras tradicionales del Estado democrático constitucional.
Uno de los retos más significativos es la relación entre la tecnología y los derechos constitucionales. La era digital ha transformado radicalmente las formas en que interactuamos, nos comunicamos y, lo más importante, cómo concebimos nuestros derechos y libertades. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, el procesamiento de datos a gran escala y las redes sociales, plantean preguntas fundamentales sobre la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos cambios requieren una reinterpretación y adaptación de los principios constitucionales establecidos en documentos como la Constitución de 1824, para garantizar su relevancia y eficacia en el siglo XXI.
Además, el constitucionalismo contemporáneo debe enfrentar el desafío de equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales. En un mundo cada vez más interconectado y con amenazas transnacionales como el terrorismo y el cibercrimen, los gobiernos a menudo justifican medidas intrusivas en nombre de la seguridad. Sin embargo, estas medidas pueden poner en peligro las libertades fundamentales y los derechos humanos garantizados por las constituciones. La tarea de las y los constitucionalistas es encontrar un equilibrio entre proteger a las personas y preservar sus libertades, una tarea compleja que requiere un análisis cuidadoso y una reflexión continua.
Otro reto importante, es la creciente polarización política y social, que amenaza la estabilidad y la funcionalidad de las democracias. Esta polarización, exacerbada por el uso de las redes sociales y las campañas de desinformación, pone en riesgo el consenso social y el respeto por las instituciones democráticas. La Constitución de 1824, en su contexto, buscó establecer un marco de gobierno que promoviera la unidad y el equilibrio, principios que son igualmente relevantes hoy. Las y los constitucionalistas deben, por tanto, buscar formas de fortalecer las instituciones democráticas y promover una cultura de diálogo y respeto mutuo.
Además, el constitucionalismo del siglo XXI debe abordar cuestiones relacionadas con la justicia social y los derechos de grupos históricamente marginados. La inclusión y la igualdad de derechos son fundamentales para la legitimidad y la estabilidad de cualquier sistema democrático. La Constitución de 1824, aunque fue un documento progresista para su época, reflejaba las limitaciones y los contextos de su tiempo. Hoy, el constitucionalismo debe ampliar su enfoque para garantizar que todos los sectores de la sociedad, independientemente de su género, raza, origen étnico, condición económica, o cualquier otra característica estén adecuadamente representados y protegidos por la Carta Magna.
Finalmente, el impacto del cambio climático y la degradación ambiental plantea un desafío emergente para el constitucionalismo. Las constituciones del futuro deberán incorporar principios y derechos que reflejen la necesidad de un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Esto no sólo implica el reconocimiento de los derechos ambientales como derechos fundamentales, sino también la reevaluación de los modelos de desarrollo económico y la relación entre los derechos individuales y los intereses colectivos.
En conclusión, la Constitución de 1824 de México, con su visión y estructura, ofreció un marco esencial para la construcción de la nación mexicana. Sin embargo, los retos del constitucionalismo en el siglo XXI, marcados por los avances tecnológicos y los cambios sociales y ambientales, requieren una reinvención y adaptación de los principios constitucionales. El equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades colectivas, la protección de las libertades en la era digital, la lucha contra la polarización, por la inclusión social, y la integración de una perspectiva ambiental en el marco constitucional, son tareas imperativas para las y los constitucionalistas de hoy. La Constitución de 1824, aunque perteneciente a una era diferente, sigue proporcionando lecciones valiosas y un punto de partida para estas discusiones cruciales.
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
