La capital coreana recuerda algo esencial: la innovación sólo honra a la democracia cuando coloca a la ciudadanía en el centro. La 47ª Asamblea Global de Privacidad confirmó que ese es el estándar que debemos exigirnos.
La Ciudad de Seúl, donde rascacielos de vidrio dialogan con palacios del siglo XIV y un río renacido devuelve la ciudad a su gente, fue el escenario idóneo para una certeza incómoda y necesaria: la revolución digital no admite neutralidades. O protege a las personas o las expone. En la 47ª Asamblea Global de Privacidad (GPA), el foro más relevante del mundo en la materia, más de 140 autoridades examinaron —con la IA y las tecnologías emergentes en el vértice— cómo convertir la cooperación en un blindaje efectivo para los derechos. El mensaje fue diáfano: la privacidad es el “mínimo ético” de toda democracia que pretenda sobrevivir a la era digital. México no es ajeno a ese dilema. Las decisiones que adoptemos hoy, desde el diseño institucional hasta la verificación cotidiana del tratamiento de datos, definirán si los algoritmos son herramientas de empoderamiento o vigías permanentes. El entorno tecnológico se acelera; el estándar democrático debe acelerar con él.
La Asamblea mostró de nuevo su potencia como espacio de coordinación entre autoridades de todos los continentes para revisar avances, ajustar criterios y compartir soluciones. Allí, la experiencia de la Ciudad de México demostró que la innovación pública sí puede producir resultados visibles, replicables y evaluables. La lección de Seúl —una metrópoli que rescató el Cheonggyecheon para reconciliar diseño urbano y vida cotidiana— encuentra ecos en la gobernanza de datos: reformar los sistemas para devolver el control a las personas. En este momento histórico, la protección de datos personales exige algo más que buenas intenciones; requiere reglas claras, verificables y con controles efectivos. La proporcionalidad, la finalidad y la minimización ya no son tecnicismos: son barandas constitucionales frente a la asimetría entre individuos y plataformas. Defender la privacidad es, ante todo, defender la posibilidad de que cada persona decida —decir sí, decir no y decir hasta aquí— sobre su información.
Dos reconocimientos internacionales colocaron al INFO CDMX en el mapa global de buenas prácticas. SIVER, galardonado en innovación, digitaliza y facilita la verificación de datos personales en la capital del país; es fruto del liderazgo de la presidenta Laura Lizette Enríquez Rodríguez y del trabajo de la Dirección de Tecnologías de Información. INFOVERSO, distinguido en resolución de disputas, habilita un espacio virtual para audiencias de conciliación que resguarda la privacidad de las personas; el proyecto, impulsado por el Dr. Arístides Rodrigo Guerrero García —entonces presidente del Instituto, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, fue desarrollado en coordinación con el equipo tecnológico institucional. Ambas iniciativas prueban que la innovación pública, bien orientada, reduce fricciones, eleva estándares y fortalece derechos. Se dirá que estas soluciones son costosas, complejas o que retrasan servicios; lo contrario ocurre cuando la
digitalización integra salvaguardas: disminuye errores, transparenta procesos y hace auditables las decisiones. También se dirá que la cooperación internacional es retórica; sin embargo, el intercambio con autoridades como la Comisión de Protección de Información Personal de Japón —con quien se dialogó sobre IA y refuerzo regulatorio— acelera aprendizajes y evita repetir tropiezos. Frente a riesgos globales, las respuestas aisladas son ingenuas.
Para no perder el compás, conviene fijar una hoja de ruta concreta: institucionalizar la verificación y la conciliación digitales extendiendo modelos como SIVER e INFOVERSO con métricas públicas de desempeño; blindar la gobernanza algorítmica mediante evaluaciones de impacto, trazabilidad y mecanismos de rendición de cuentas como regla y no excepción; y sostener una cooperación técnica permanente para compartir estándares, auditorías y protocolos con autoridades homólogas, porque la inteligencia regulatoria se construye en red. En términos operativos, la innovación debe simplificar y proteger al mismo tiempo; el control ciudadano exige decisiones informadas sobre la biografía digital; los riesgos transfronterizos demandan estándares comunes; la medición pública requiere metas, indicadores y auditoría social; y la ética aplicada se traduce en proporcionalidad, finalidad y minimización como práctica cotidiana.
Seúl enseñó que una ciudad puede recuperar su río; el mundo debe recuperar, con el mismo empeño, el derecho de cada persona a gobernar sus datos. La privacidad no es una nostalgia analógica: es la condición de posibilidad para deliberar sin miedo y construir confianza pública. Ese es el compromiso que la Ciudad de México llevó a la GPA y el que debemos sostener en casa: que la tecnología sirva para proteger, no para invadir; para empoderar, no para vigilar.
Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX y Académico de la UNAM
