Desde hace tiempo, he señalado mi preocupación por los comunicados de prensa del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por el tono y el estigma que origina o fortalece.
Y es que, los comunicados de prensa del CONAHCYT se han volcado en señalar y desestimar a las personas trabajadoras de los Centros Públicos que interpusieron amparos para la defensa de sus derechos a consecuencia de la falta de discusión e integración de propuestas en la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (LGHCTI) y, específicamente, por la cantidad de inconsistencias que se realizaron en el Congreso de la Unión para la aprobación de la Ley.
En este momento estamos frente a un tema de participación ciudadana y de co-creación de una ley que pretendemos avance en los temas históricamente rezagados, en este sentido, es preocupante que se exhiba a las personas críticas como opositoras al derecho humano a la ciencia. Siendo que, es un derecho humano participar en la discusión, disentir y a utilizar los medios legales cuando se ha violado un procedimiento y, por consecuencia, se viola la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Las personas que laboramos en los Centros Públicos tenemos el derecho y la obligación de ejercer el pensamiento crítico como un ejercicio permanente en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.
Por otra parte, existen preocupaciones legítimas respecto a la participación de dichas comunidades en la toma de decisiones, en la conformación de la Junta de Gobierno, en la oportunidad histórica para construir una ley que fortalezca a los CP y, que dé respuesta a la incertidumbre laboral que se generó en el neoliberalismo, misma que se ha acentuado por la falta de presupuesto actual para la basificación del personal académico (Investigadoras e investigadores por México) y administrativo.
Por ello se requiere respeto a la diversidad de ideas, argumentos sin prejuicios, sin señalamientos infundados que veladamente atenten contra la libertad de expresión de la disidencia y el uso desproporcionado del poder y de los medios públicos para difundir ideas que desacrediten los procedimientos legales o la divergencia de opiniones. No somos enemigos, pero tampoco tenemos por qué coincidir en todo, lo que sí es imprescindible es el respeto de una institución pública hacia sus comunidades y viceversa.
¿El humanismo mexicano no debería garantizar esto?
CIESAS
