La pobreza laboral en México (aquella cuyo ingreso laboral per cápita no alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica) continúa reduciéndose y los titulares lo celebran: 30.7% de la población total se encontraba en esa situación en el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo desde que comenzó a medirse este indicador. El ingreso laboral real per cápita creció 7.4% anual (del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026) y la masa salarial total se expandió 17.6% en el mismo periodo. La narrativa oficial convierte ese avance en prueba de que la política salarial funciona. Sin embargo, detrás de los promedios persiste una falla estructural que los números agregados ocultan deliberadamente: el avance en ingresos coexiste con una economía que genera, masivamente, empleos de baja calidad donde la productividad no crece.
Un trabajador formal gana aproximadamente 11 mil 157 pesos mensuales en términos reales; uno informal, apenas 5 mil 751. Y esa brecha importa porque en el primer trimestre de 2026 la informalidad laboral subió de 54.3% a 54.8% según la ENOE, incorporando a millones de personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Subir el salario mínimo es una herramienta poderosa, particularmente en términos políticos, pero tiene un límite preciso: su alcance llega donde termina la formalidad y en México esa frontera deja fuera a más de la mitad de quienes trabajan. La tasa de condiciones críticas de ocupación llegó a 38.8%, un aumento de 1.2 puntos respecto al año anterior: casi cuatro de cada diez trabajadores laboran demasiadas horas por ingresos insuficientes, o jornadas cortas por falta de demanda.
Los estados con mayor pobreza laboral revelan con claridad el problema de fondo. Chiapas, Oaxaca y Guerrero registraron tasas de 60.8%, 52.7% y 47.7%, respectivamente, en el primer trimestre de 2026, mientras que Baja California Sur, Baja California y Colima se ubicaron por debajo de 20%. Esta polarización no es accidental: las entidades del sur concentran simultáneamente la mayor informalidad laboral, la menor densidad de unidades económicas formales y los mercados de trabajo más segmentados. En contraste, en 25 entidades federativas la pobreza laboral disminuyó en términos anuales, lo que confirma que los avances son reales, pero profundamente desiguales en su distribución territorial.
La desigualdad territorial también refleja diferencias de productividad: las regiones más rezagadas operan con estructuras productivas débiles. En el primer trimestre de 2026, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) se ubicó en 96.4 puntos, con una caída trimestral de 0.1% y un avance anual marginal de 0.1%; las actividades secundarias bajaron 1.2% anual. A la vez, el Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO) aumentó en casi todos los sectores: 4.2% en comercio al por menor y 3.1% en servicios privados no financieros. En suma, el costo laboral crece más rápido que la productividad, lo que reduce márgenes y desincentiva la contratación formal. No es casualidad que, mientras suben los salarios, el empleo en grandes establecimientos cayó en 167 mil 766 personas y el trabajo por cuenta propia sumara 451 mil 416 integrantes en un año, de acuerdo con Inegi.
En mayo de 2026 el costo de la canasta alimentaria subió 6.9% anual en el ámbito urbano y 6.3% en el rural, superando en más de dos puntos la inflación general (3.9%). Incluso quienes vieron crecer su ingreso nominal enfrentan una canasta que se encarece estructuralmente más rápido que sus salarios en los estratos bajos y la línea de pobreza extrema urbana continúa alejándose del alcance de millones de hogares informales.
El rezago no es solo interno. En el contexto de la OCDE, el país ocupa el penúltimo lugar en productividad laboral entre sus 38 miembros (solo por encima de Colombia), con una productividad por hora trabajada de 22 dólares, frente a 59 dólares del promedio del organismo e Irlanda en la cima, con 132 dólares, según el Compendio de Indicadores de Productividad 2025 de la OCDE. En el largo plazo, entre 2000 y 2024, la productividad de México creció apenas 0.1% promedio anual, contra más de 1% del promedio de la OCDE; en 2024 México registró una caída en productividad laboral mientras Estados Unidos avanzó con solidez. En materia de informalidad, México registra una tasa de 54.8%, una de las más altas del bloque, cuando el promedio de América Latina ronda 47% y países como Uruguay y Chile se ubican por debajo de 30%. La combinación de alta informalidad, baja productividad y jornadas laborales de 2 mil 200 horas anuales (frente a las mil 340 de Alemania) dibuja un mercado laboral que crece en cantidad, pero se resiste a crecer en calidad.
Los aumentos salariales y la caída de la pobreza laboral son logros que no deben minimizarse. Pero la política salarial opera sobre una estructura que no ha cambiado: informalidad mayoritaria, productividad estancada y empleos que crecen donde menos producen. El riesgo no es que los salarios hayan subido, sino que suban sin que la economía genere los empleos de calidad que los puedan sostener: ese desajuste, si persiste, eventualmente frena la formalización o presiona el costo unitario hasta que los empleadores optan por no contratar. Por eso, el balance más honesto es reconocer el avance, pero no confundirlo con una transformación estructural.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.