Después de la presentación del quinto informe anual del gobierno en turno, es momento de analizar si lo prometido en 2018 se ha cumplido. El informe representa un balance de los primeros cinco años del sexenio, además de la estrategia para lo que viene en el último año del mandato presidencial, la cual indudablemente se perfilará en continuar e incrementar el gasto en programas sociales (los cuales sin duda han sido bandera exitosa en términos de aprobación) y en obras insignia que se concentrarán en el impulso al desarrollo del sur del país.
El informe, que de acuerdo con la práctica impuesta no será el último previo a las elecciones presidenciales, bosqueja la estrategia de gasto público finalizando los proyectos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Olmeca y el Tren Maya, y enfocándose ahora en el corredor transístmico y la creación de una “superfarmacia” nacional. De igual forma perfila las propuestas de reformas constitucionales como el traslado de la Guardia Nacional bajo mando militar o la reforma del Poder Judicial para que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo, siendo que, para darle materialidad a estos proyectos de corte político, el Gobierno actual deberá obtener en las elecciones de junio de 2024 una mayoría calificada de dos tercios y continuidad en el régimen actual.
Si bien estos proyectos de infraestructura por terminar y los nuevos no han incrementado de forma sustancial la deuda del gobierno, esto es debido a que se ha hecho uso de los fondos y ahorros existentes al inicio del sexenio como los fideicomisos que fueron materialmente expropiados, así como el caso del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), que de acuerdo con la SHCP en el primer semestre de 2023, cuenta con un saldo de 38 mil 337 millones de pesos, el cual apenas se ha ido reponiendo, considerando el saldo de más de 270 mil millones de pesos con que se inició el sexenio.
En términos de gasto público dirigido a los programas sociales, estos han tenido impacto en la reducción de la pobreza a nivel nacional; sin embargo, los resultados son parciales, el incremento en los ingresos de las familias ha sido impulsado mediante un incremento en los ingresos laborales, pero principalmente de una mayor participación en el sector informal, el cual ha representado en los últimos seis años un promedio de 56% del total de la población económicamente activa (PEA).
Uno de los grandes pendientes es el desempeño en el sector salud. El desmantelamiento del Seguro Popular y el fracaso del Insabi, manteniendo a más de 35 millones de personas sin acceso a la salud, lo que representa en promedio 58.6% de la población económicamente activa en los últimos seis años.
Por su parte, la economía parece tomar tracción y ritmo, logrando un crecimiento del PIB mayor al esperado provocado por mejores condiciones de nuestros vecinos del norte, flujos de inversión y el aprovechamiento de la tendencia hacia la relocalización (nearshoring).
Por más que el Informe de Gobierno pretenda poner en positivo las condiciones del país, la realidad muestra que aún falta mucho trabajo por hacer en materia social, donde la población no se está alejando del umbral de la pobreza y la desigualdad; en temas de seguridad y en desempeño económico.
El adelanto de las campañas políticas hacia las elecciones del próximo junio a las que se les ha añadido un importante entorno de competencia no esperada, sin duda también acelerará el cierre de proyectos y promesas inconclusas, por lo que será necesario poner marca personal al comportamiento de las variables económicas y a las decisiones que se tomen, tanto en el gobierno como por parte de los actores privados. Los desequilibrios económicos y sociales asumirán relevancia, llegando a inclinar la balanza. Los análisis y las repercusiones no se moverán sólo en el ámbito político, también lo será en el empresarial y productivo.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
--ROBERTO JIMÉNEZ
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