La política económica de la administración que está por concluir se basó en un programa que buscaba lograr el crecimiento y bienestar económico de la población en general; para lograrlo, implementó un esquema de gasto en bienestar social caracterizado por transferencias directas de recursos monetarios a la población y en los denominados proyectos bandera de infraestructura, todo ello fondeados a través de supuestas medidas de austeridad y de combate a la corrupción. Sin embargo, estas medidas finalmente terminaron significando una carga sobre las finanzas públicas a juzgar por el déficit y la deuda generados.
Las medias de austeridad y eficiencia hacendaria buscaban reducir gastos especialmente los considerados como superfluos y mejorar los ingresos tributarios combatiendo la evasión y la elusión fiscal, especialmente de los grandes contribuyentes. Hubo éxito en el ámbito de los ingresos presupuestales que se incrementaron 14.8% en términos reales entre 2018 y 2024 (según las respectivas LIF), y especialmente los tributarios que lo hicieron en 24.7%. Sin embargo, la austeridad en gastos no fue como se planteó inicialmente, ni la erradicación de la corrupción se cumplió.
Así, entre 2018 y 2024, de acuerdo con las respectivas Cuentas públicas y el PEF, el gasto total se habrá incrementado en 20.5% en términos reales. Destacan el gasto en rubros prioritarios por ejemplo la Secretaría de Bienestar incrementa su gasto en 303%, todo el gasto el desarrollo social se incrementa en 38.3%; Defensa Nacional (considerando los proyectos asignados de infraestructura) se aumenta 139% y la Secretaría de Energía lo hará en más de 2,000% en términos reales (Dos Bocas incluido), el incremento en el gasto en desarrollo económico habrá sido de 51.4%.
El diferencial entre ingresos y gastos presupuestales sólo tiene un efecto: el incremento en el déficit público y en su forma de financiamiento. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2024 el balance presupuestal registraría un déficit de 890 mil millones de pesos, equivalentes a 5.0% del PIB, el valor más alto para un cierre de sexenio desde el año 2000. Considerando que el balance presupuestal es el principal indicador de la salud de las finanzas públicas de un país, el déficit y la deuda asociada acumulada son sin duda una importante carga que heredará la nueva administración.
El déficit público va asociado a su sostenibilidad vía su financiamiento. Según lo indican las LIF correspondientes, los ingresos presupuestales derivados de financiamientos señalan un incremento de 158.5% en términos reales entre 2018 y 2024, lo cual impacta en la acumulación desmedida de la deuda pública durante la presente administración que ha quedado lejos de cumplir con los postulados de la austeridad que presumió.
La medida más amplia de deuda lo representa el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) el cual para el cierre de 2024 según estimaciones de la Secretaría de Hacienda será de 17.05 billones de pesos (50.2% del PIB) lo que implica que entre 2018 y 2024, el saldo de la deuda se habrá incrementado en 6.5 billones de pesos el mayor endeudamiento sexenal desde que se tiene registro de este indicador.
La información de la Secretaría de Hacienda indica que el costo financiero de la deuda se incrementó 53.3% en términos reales entre 2018 y 2024, lo cual es producto del mayor endeudamiento buscando cubrir el gasto creciente y también de la elevación de las tasas de interés que hacen más caro el servicio de la deuda, de igual forma la degradación de la calificación que pueden recibir la capacidad de pago, eleva los costos de financiamiento.
En los precriterios generales de política económica para 2025, se busca reducir el déficit a 2.5% del producto mediante el recorte de 600 mil millones de pesos en el gasto, ciertamente no será en gasto social ya que en campaña se prometió aumentar los apoyos y entregarlos a más gente, la duda es entonces dónde estarán dichos recortes.
Muchas promesas se hicieron en campaña, ahora habrán de cumplirlas, pero los recursos no serán suficientes; complicado entramado, pero lo cierto es que la presente administración desequilibró las finanzas públicas y la que sigue tendrá un difícil problema a resolver, no vaya a ser que nos enfrentemos a una nueva crisis de inicio de sexenio.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
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ROBERTO JIMÉNEZ
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