El problema de abastecimiento de energía en el país ha ido deteriorándose durante el actual sexenio, a pesar del continuo aumento en el presupuesto destinado a apuntalar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual será notable en 2024. Cabe añadir la pretensión presidencial de regresarle el estatus de empresa pública estratégica y darle preferencia en el mercado. Lo anterior nos lleva a preguntar si CFE es capaz de dar abasto suficiente a la población (y a las empresas demandantes, especialmente con el auge del nearshoring), y de cumplir con los objetivos de sustentabilidad y preparar al sistema para la creciente demanda de energía en el país.
Dentro del paquete de 20 propuestas de reformas a la Constitución presentadas por el presidente, destaca la relativa a establecer que 54% del mercado sea abastecido por la CFE y 46% por la iniciativa privada. Actualmente la CFE aporta 35% debido a la subutilización de plantas, las cuales son altamente contaminantes, y la intención es priorizar la responsabilidad social de suministrar la energía requerida al pueblo a un precio bajo y sin apagones. En 2018 los apagones por falta de abastecimiento en promedio eran de dos minutos y de mil 491 megawatts-hora de energía no suministrada; para el tercer trimestre de 2023, el promedio de duración de los cortes ya alcanzó 13.5 minutos y una cantidad de energía no suministrada de 9 mil 351 megawatts-hora, un incremento considerable.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, la CFE recibirá el mayor presupuesto del sexenio (superando a Pemex), con 493 mil millones de pesos, 12% mayor a 2023. Sumado a esto, también se compraron 13 plantas nuevas de energía (originalmente propiedad de Iberdrola). La expectativa es llegar a abastecer hasta 65% del mercado al final del sexenio, según lo dicho por el presidente.
Recientemente la CFE informó que espera lograr una capacidad productiva de energía equivalente a 61% del mercado nacional para septiembre 2024, una capacidad añadida de 8 mil 538 megawatts, lo cual implica un crecimiento de seis puntos porcentuales a su participación del mercado y 10% de crecimiento en su capacidad productiva. De lograrse, significaría dejar atrás la situación a la que la reforma energética de 2013 la condujo, dejándola con sólo 16% del mercado, debido a la fuerte entrada de empresas privadas con gran capacidad competitiva.
Ahora bien, la creciente capacidad productiva que se proyecta para la CFE, no se ha trasladado al cumplimiento de los objetivos de generar 35% de energías libres de CO2 para 2024. De acuerdo con la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, esto se debe principalmente a la falta de inversión del sector público y por los obstáculos que se han dado para que las empresas privadas adquieran permisos para nueva infraestructura.
La propuesta constitucional que espera continuar el protagonismo en el mercado energético de la CFE implica trabas para las empresas privadas y una creciente dependencia de la CFE que ha mostrado señales de ineficiencia e incapacidad, a juzgar por los apagones constantes. De acuerdo con el Prodesen, de 2023 a 2037 el consumo neto de energía eléctrica en el país se incrementará a una tasa promedio anual de 2.5% en un escenario base, creando un incremento de 43% del consumo dentro de 15 años. También estima que para 2026 la capacidad productiva de CFE sea 23% mayor. De concretarse la propuesta presidencial (posiblemente en la siguiente legislatura), la CFE regresará más protegida, por lo que el manejo eficiente y su capacidad de aumentar su producción de energías limpias en los próximos años será crucial. La apertura a una mayor competencia de parte de empresas privadas podría ayudar con los problemas de apagones e inversión en energías limpias, pero por el momento parece que la política gubernamental va en otra dirección.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
