La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, documento que funge como hoja de ruta de la política fiscal, económica y financiera del próximo año. Este marco de referencia expone las proyecciones oficiales de crecimiento, estabilidad macroeconómica y recaudación, pero también deja en evidencia la distancia entre el optimismo gubernamental y los riesgos que enfrenta la economía mexicana.
De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, el Producto Interno Bruto crecerá entre 0.5% y 1.5% en 2025 y entre 1.8% y 2.8% en 2026. Estas cifras contrastan con las de los Precriterios de marzo y se alejan todavía más de los cálculos de organismos nacionales e internacionales. El Banco de México anticipa un crecimiento de apenas 0.1% a 1.1% en 2025 y de 0.3% a 0.9% en 2026, mientras que el Banco Mundial prevé 0.2% y 1.1% en esos mismos años. La diferencia refleja el escepticismo respecto a la capacidad de la economía para recuperarse después de varios años de bajo dinamismo.
En lo que respecta a inflación, tipo de cambio y tasas de interés, la Secretaría de Hacienda proyecta que en 2026 los precios regresen a la meta de 3%, que el tipo de cambio promedio se ubique en $18.9 pesos por dólar y que la tasa de referencia descienda a 6%. Estos cálculos dependen también de la trayectoria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera reduzca su tasa al rango de 3.0% a 3.25%. Si esa reducción fuera más rápida de lo previsto, Estados Unidos podría resultar más atractivo para la inversión, con el consiguiente riesgo de salida de capitales y presiones sobre el peso mexicano.
Las proyecciones de crecimiento descansan principalmente en la recuperación de la demanda interna; el problema es que más de 90% de las unidades económicas en el país son micro y pequeñas empresas que difícilmente pueden sostener alzas salariales. Optimista también es la expectativa de un repunte en la inversión nacional y extranjera, así como en las exportaciones y la actividad industrial y de servicios, bajo el paraguas del llamado Plan México.
En materia fiscal, Hacienda estima que la recaudación aumentará 5.7% en 2026 respecto a lo previsto para el cierre de 2025, lo que equivaldría a alrededor de 14% del PIB. El compromiso oficial es no modificar las tasas generales de ISR ni de IVA, pero sí ampliar la recaudación a través de una mayor eficiencia y de cambios en impuestos especiales. Entre las medidas propuestas se encuentran el incremento de la cuota del IEPS a bebidas saborizadas, el aumento del IEPS a tabacos labrados, la creación de un nuevo impuesto a los videojuegos con contenido violento y la elevación del gravamen a las apuestas; destaca que en este contexto no se hayan tocado los impuestos a bebidas alcohólicas ni a alimentos de alta densidad calórica. Además, este tipo de gravámenes suele ser regresivo, afectando en mayor medida a los hogares de menores ingresos y estimulando el comercio informal, la piratería y el contrabando.
A ello se añaden modificaciones que impactarán al sistema financiero: la no deducibilidad de tres cuartas partes de las cuotas que pagan los bancos al IPAB, la retención de 0.90% del ISR sobre capital que genere intereses y la eliminación del régimen especial para deducir créditos incobrables de instituciones de crédito. Estas medidas, lejos de fortalecer al sector, podrían encarecer y restringir el crédito, con efectos adversos en inversión y consumo.
Otro de los capítulos centrales es el relativo a Pemex. La SHCP prevé transferir 263.5 mil millones de pesos en 2026 para cubrir amortizaciones de deuda bancaria y de mercado. El apoyo está condicionado a que la empresa mejore su balance financiero en la misma magnitud; pese a ello, Pemex enfrenta una deuda financiera superior a los 105 mil millones de dólares y una producción que difícilmente alcanza los 1.8 millones de barriles diarios previstos, por lo que el riesgo de que los rescates se conviertan en una práctica permanente sigue latente, comprometiendo el margen fiscal de mediano plazo.
En el caso del balance fiscal, los esfuerzos para sanearlo no han sido suficientes. El déficit presupuestal cerrará 3.6% del PIB mayor a 3.2% aprobado y para 2026 se ubica en el mismo nivel lo que se antoja insostenible, especialmente con un aumento en el endeudamiento cuyo saldo histórico acumularía 20.26 billones de pesos lo que implica un aumento de 1.7 billones respecto de lo presupuestado en 2025. Incremento que no se orienta a inversión productiva, sino a mantener programas sociales y al costo financiero de la deuda. Cabe señalar que la aparente disciplina en la deuda como proporción del PIB que se mantendría en 52.3%, se sostiene gracias a optimistas supuestos de crecimiento, si el producto crece menos de lo esperado, los indicadores fiscales se deteriorarán estrepitosamente.
En suma, los Criterios de Política Económica 2026 plantean un escenario de crecimiento y consolidación fiscal que depende de múltiples factores, como normalmente sucede, con optimismo más allá de las realidades del país y de su entorno externo. Empero el verdadero desafío para la política económica no consiste únicamente en cumplir con las cifras planteadas, sino en generar condiciones de confianza, elevar la productividad y garantizar la sostenibilidad fiscal.
*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
