Haití está al borde del colapso. Los grupos criminales controlan casi toda la capital, Puerto Príncipe, y su zona metropolitana. Más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va del año y miles de mujeres y niñas han sufrido violencia sexual. La situación humanitaria es catastrófica.
La Comunidad del Caribe (CARICOM) ha liderado esfuerzos para establecer un gobierno de transición que remplace al primer ministro Ariel Henry, quien está fuera del país, y prepare el camino hacia unas elecciones. Mientras tanto, tristemente, los gobiernos latinoamericanos han mostrado poco liderazgo para ayudar a solucionar la crisis.
Ecuador, que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, ha apoyado la iniciativa de formar una misión multinacional de apoyo a la seguridad, que hasta ahora no se ha desplegado. Algunos gobiernos, como Brasil y México, han recordado su apoyo histórico a Haití y sus esfuerzos por dar asilo. Otros, como Argentina, Chile y Uruguay, apenas se han pronunciado.
Todos votaron a favor de una reciente resolución de la OEA sobre Haití, pero los gobiernos latinoamericanos, a los que les gusta hablar de solidaridad regional, deberían hacer mucho más por Haití.
Primero, es crucial que llamen al Consejo de Seguridad de la ONU a cumplir con su promesa de ayudar a proteger a los haitianos. La situación hoy es tan brutal que, a pesar de los fracasos y abusos de intervenciones anteriores, muchos haitianos piden a gritos ayuda internacional que permita restablecer unas mínimas condiciones de seguridad. Los gobiernos latinoamericanos deberían ofrecer participar y ayudar a financiar la misión autorizada para que pueda desplegarse y operar con las salvaguardas necesarias para asegurar el respeto por los derechos humanos.
Los gobiernos de la región también deberían exigir que se respete el embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad. Haití y República Dominicana no producen armas. Según un estudio reciente de la ONU, la mayoría de las armas llega a Haití desde los Estados Unidos.
En segundo lugar, los gobiernos de la región deberían apoyar los esfuerzos haitianos para establecer un gobierno de transición, asegurando que sus miembros no tengan vínculos con grupos criminales o sus patrocinadores.
Además, es urgente que los gobiernos latinoamericanos ofrezcan apoyo a las organizaciones humanitarias de base e internacionales que operan en el país. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha alertado que su financiación en Haití se está “agotando” y que el país se encuentra “al borde de una devastadora crisis de hambre”.
Del mismo modo, los gobiernos latinoamericanos deberían ofrecer su apoyo para formar un equipo especializado de fiscales, jueces e investigadores enfocado en asegurar justicia por los delitos más graves cometidos por grupos criminales y los políticos y empresarios que los apoyan.
Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos deberían expandir sus esfuerzos para dar asilo u otras formas de protección internacional a quienes huyen de la isla. La situación en Haití hoy es de tal gravedad que devolver a cualquier persona al país constituye una violación del derecho internacional. Pero República Dominicana, que expulsa a miles de haitianos mensualmente, no debería tener que enfrentar este desafío sola.
Como ha hecho Brasil en el pasado, los gobiernos de la región deberían promover opciones legales para que los haitianos puedan recibir protección internacional o permisos de residencia y de trabajo. Una vía sería otorgarles un régimen de protección temporal que les permita permanecer legalmente en cada país de la región, al menos durante un plazo razonable.
La crisis en Haití pone a prueba la solidaridad latinoamericana. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
Directora para las Américas de Human Rights Watch
