La política es siempre misteriosa, a veces actores políticos con proyectos similares se mantienen distanciados, como ocurre en México con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador; e incluso pueden protagonizar conflictos irreductibles, como ocurrió en Argentina entre Fernando De la Rua y Carlos (Chacho) Alvarez. En estos casos, la competencia política, en espacios donde solo cabe uno, quizás otorgue explicación a hechos irracionales y (a veces destructivos) de la política.
También ocurre lo contrario, gobiernos claramente diferentes en concepciones y valores, opuestos en muchos sentidos, tienden lazos y muestran voluntad para colaborar, actuando como parte de un mismo espacio político. Es el caso del vínculo entre el presidente argentino, Alberto Fernández y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las razones de tal paradoja? Antes es útil mencionar los aspectos que separan objetivamente a ambos líderes y gobiernos.
Si analizamos las políticas implementadas durante la pandemia, ambos gobiernos han tenido comportamientos no solo diferentes sino sencillamente opuestos: el gobierno mexicano inició la gestión con reducción de salarios, no pago de aguinaldo a los altos cargos de la administración, y disminución del gasto público a través de la eliminación de direcciones y subsecretarías. Se adoptó la ejemplaridad del propio presidente como estrategia. Por el contrario, el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner rechazó explícitamente la opción de reducción de salarios en el Gobierno. Sobre el confinamiento, Amlo se ha manifestado contrario a toda medida coercitiva que afectara la libertad de los mexicanos y se apostó por estrategias de información diaria y regulación blanda de la cuarentena y autorregulación de la circulación.
En sentido opuesto, Fernández lideró uno de los confinamientos más extensos del planeta, con cercenamiento de libertades, como en Villa Azul en la provincia de Buenos Aires, o las aberrantes violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa, acciones justificadas por el gobierno federal. Sobre la administración de las vacunas, Amlo rechazó vacunarse y que los miembros de su gabinete lo hicieran, alegando que esperaría el turno que les corresponde como simples ciudadanos, según la edad, dando ejemplaridad para evitar la corrupción en el uso de las vacunas. Los cargamentos son custodiados por la propia Guardia nacional. La estrategia ha sido centralizada por el gobierno federal y se ha privilegiado en la vacunación a personal de salud, y a segmentos de edad de mayor riesgo, comenzando por las regiones y sectores periféricos y más pobres del país. Por el contrario, Fernández-Fernández (presidente y vice) fueron los primeros vacunados, y del mismo modo lo hicieron el gobernador Kicilof de Buenos Aires, con menos de 50 años de edad, o el ministro de economía Martín Guzmán, con 38 años. El escándalo reciente del “Vacunatorio Vip”, con sede en el propio ministerio de salud de la nación, para vacunar a personas cercanas al gobierno o vinculadas personal y políticamente con el ministro, forma parte de un descontrol generalizado por parte del Gobierno Federal y de miembros del partido oficial en el país. Cabe al respecto destacar que, en la larga historia de gobiernos peronistas, es la primera vez que un presidente de ese partido desplaza a uno de sus ministros, por una causa de corrupción.
En lo personal, Fernández y López Obrador también difieren, pues mientras el segundo es jefe indiscutido de su partido y logró con esfuerzos de décadas la llegada a la presidencia, el primero encontró la primera magistratura como cesión desesperada de Cristina Kirchner, para evitar un nuevo fracaso electoral. Tal situación ha dado lugar a una presidencia débil, con dificultades en la construcción de liderazgo y en lograr una dirección del gobierno.
Pero la diferencia más radical entre ambos gobiernos está en las actitudes diametralmente opuestas sobre la corrupción. El gobierno mexicano tiene como eje de su discurso la lucha contra la corrupción: día a día, en las conferencias de prensa matinales se reafirma el rechazo a toda forma de privilegio de la élite política y como en un rezo laico se afirma: fuera de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Por supuesto, quedan cuatro años difíciles para poder salir airoso con esta enorme consigna, con cuestionamientos reiterados de la prensa en un país con larga tradición de opacidad.
Por el contrario, el gobierno de Fernández ha destacado la reforma de la Justicia, ha desacreditado fallos de la Corte Suprema contra casos de corrupción como la reciente confirmación de la condena contra el exvicepresidente peronista Amado Boudou; y cuestiona reiteradamente el accionar de la Justicia. López Obrador tiene como estrategia la ejemplaridad, mientras Fernández apuesta ante todo por mantener a flote una alianza política con Cristina Kirchner, procesada en múltiples causas por corrupción. La actual vicepresidenta se ha negado a responder sobre los procesos judiciales por enriquecimiento ilícito. Nunca se refirió a los contenidos acusatorios, ni a mostrar, como corresponde a todo funcionario público, su inocencia, ubicándose así por encima de la ley. Durante su presidencia guardó un silencio atronador sobre su vicepresidente y sobre varios de sus principales ministros denunciados. Cuando el silencio no bastó, usó la falacia ad hominem, desacreditando a jueces, y cuando tampoco alcanzó con la omisión, por la cantidad de testigos y documentación probatoria, optó por la crítica al entero sistema de Justicia. Esta estrategia de “hechos alternativos” y posverdad, tuvo su último episodio en la peligrosa invención de una conspiración del sistema (los jueces, los medios masivos de comunicación y la oposición), contra ella (el law fare). La relación de la vicepresidenta con la prensa independiente ha sido conflictiva y rehúye a entrevistas públicas y a la rendición de cuentas. Respecto de Alberto Fernández, hay un antes y un después de ser candidato a la presidencia. Brevemente: antes de ser candidato fustigó contra Cristina Kirchner por los hechos de corrupción, después de ser presidente, declara con firmeza la convicción de su inocencia.
¿Qué une entonces al gobierno de Alberto Fernández con Amlo, además de la colaboración circunstancial en la producción y distribución de la vacuna Astra-Zeneca? Dos factores contribuyen decisivamente: La oposición a políticas neoliberales y discursos de defensa de la soberanía nacional, que los separa de los gobiernos conservadores de Brasil y Chile. El poderoso peso de valores nacionalistas y de un enemigo común alcanzan para buscar la colaboración entre gobiernos divergentes con la percepción de ser parte de un mismo espacio ideológico, aunque los ideales democráticos y el modo de administrar sean opuestos.
