En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó ampliamente la Presidencia de la República debido a una razón: supo explotar el hartazgo existente entre la mayoría los ciudadanos por la corrupción, los conflictos de interés y la opacidad que ostentaban las mujeres y los hombres en la aristocracia política del neo priismo de Enrique Peña Nieto y sus gobernadores preciosos.
Era tal el resentimiento acumulado contra aquellos prianistas a lo largo de las décadas, que seis años después, a pesar de los excesos y errores de López Obrador, permanecía intacta esa indignación social, lo que provocó que en Claudia Sheinbaum ganara de forma incluso más contundente que su antecesor.
¿Cuál fue siempre la bandera de AMLO y sigue siendo el lema de la Presidenta?
“No somos iguales”.
No somos iguales que aquellos políticos que vivían en amasiato con el dinero a través del desfalco de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito o inexplicable. No somos iguales que aquellos gobernantes que brillan de tan opacos. No somos iguales que esos funcionarios que no licitaban y entregaban multimillonarios contratos por adjudicación directa a empresas de dudosa procedencia, de origen fantasmal, o de muy amigables nexos con el poder público.
Una de las prácticas que fueron más documentadas periodísticamente sobre actos de corrupción y malos manejos en tiempos del PRI y el PAN tenía que ver con eso, con la adjudicación directa de los contratos. Con el dinero, pues, que era entregado sin licitación hasta en ocho de cada diez casos, por ejemplo, durante la administración de Peña Nieto (79.6% de los contratos).
¿Cambió eso en la 4T?
No con López Obrador y sus funcionarios, que llegaron a conceder el 80% de los contratos por adjudicación directa (2021), y por lo que leo, tampoco con el actual gobierno.
Veamos datos…
En los primeros tres meses del gobierno de Sheinbaum (1° de octubre-31 de diciembre 2024), la mayoría de los contratos sí se otorgaron por licitación pública. De los 6 mil 145 contratos entregados, 4 mil 562 fueron por licitación (el 77.4%), en tanto que sólo el 22.6 % se dio por adjudicación directa.
Es decir, que todo iba muy bien, ya que sólo dos de cada diez contratos se adjudicaron sin competencia alguna, rompiendo con los métodos opacos del prianismo que luego copiaron los servidores de AMLO.
Pero… (ya sabe usted: en periodismo siempre hay un “pero”) recientemente EL UNIVERSAL documentó que, en su primer año, el actual gobierno federal finalmente sí priorizó las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones, lo que derivó en la obtención de contratos multimillonarios en beneficio de miles de empresas públicas y privadas, de acuerdo con el reportaje de mi colega Antonio López Cruz.
“Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025, la Federación ha hecho públicos 81 mil 862 contratos, de los cuales 53 mil 690, equivalentes a 65%, se han entregado por adjudicación directa bajo el argumento de tratarse de urgencias, eventualidades, casos fortuitos o de fuerza mayor, excepciones o licitaciones desiertas, entre otras justificaciones”, escribió Antonio.
Al menos seis de cada diez de esos contratos, adjudicados directamente sin licitación ni nada. ¿Por? Urgencias. Eventualidades. Casos fortuitos. Casos de fuerza mayor. Excepciones. Licitaciones desiertas. Me suenan mucho esos términos. Ah, sí, ya recordé, son los mismos que usaba y esgrimía el gobierno de Peña Nieto, como tantas veces denunciamos varios periodistas que documentamos su opacidad y sus conflictos de interés en la materia.
Un contrato directo no es sinónimo de malos manejos, conflictos de interés o corrupción a secas, por supuesto, pero seis u ocho de cada diez adjudicaciones de este estilo es algo que sí prende las alertas porque justamente en eso se escudaron los de antes para hacer negocios millonarios a través de sus fees, por usar el término rimbombante que esgrimían los priistas boys de 2012-2018 para aludir a los moches que ellos les pedían a empresas a fin de garantizarles adjudicaciones de obras públicas (carreteras, por ejemplo).
“Yo adjudico un contrato, ponle de 500 millones, y mi fee es del 10%, 50 kilos. Todos ya lo saben, las empresas lo contemplan en sus gastos,”, alardeó una vez (ya muy borracho, quizá coco) uno de esos funcionarios arrogantes y enriquecidos del sexenio de Peña Nieto en una mesa donde no tenía idea que estábamos la hija de un periodista y yo… hasta que supo y enmudeció el resto de la tertulia.
Usos y costumbres del pasado que podrían estarse repitiendo hoy porque los mecanismos de adjudicación son los mismos: “En 2025, de los 75 mil 717 contratos entregados hasta el 25 de agosto, 52 mil 301 contratos se dieron por adjudicación directa, equivalentes a 69%, es decir, (prácticamente) 7 de cada 10 contratos se dieron mediante este mecanismo”, apuntó mi compañero reportero.
El dinero que se ha pagado en 2025 por concepto de los contratos adjudicados de manera directa suma esta cosita de nada: 259 mil 619 millones 493 mil 861 pesos. Mucha lana. Dejemos el fee que mencionaba aquel Peña Nieto Man, el 10%: podríamos estar hablando de un bisne de 25 mil millones de pesos, pero concedamos que sólo hubiera corrupción en el 10% de esos casos, así que tendríamos unos 2 mil 590 millones de posibles embutes, de moches. ¿Menos corrupción por ser la muy limpia 4T? Ok, la mitad, mil 475 millones de pesos de posibles entres.
Habrá que investigar muy minuciosamente ese hábito prianista-morenista de conceder al menos 7 de cada 10 contratos por adjudicación y sus posibles fees porque, si no son iguales, cómo se parecen a los de antes en los hábitos de asignar contratos.
Digo.
BAJO FONDO
Sólo tengo una pregunta final: si en los primeros tres meses del gobierno de Claudia toda iba muy bien, y sólo dos de cada diez contratos eran adjudicados directamente, y parecía que al fin tendríamos una administración que rompía con la tentación multimillonaria de esas adjudicaciones, ¿quién dio la orden de revertir el orden… para volver al orden establecido del pasado?
Copeteada: ¿quién y desde dónde dio esa instrucción regresiva?
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
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