Son más de las 12 de la noche del lunes pasado a un costado de la carretera México-Nogales. Estamos a la altura del kilómetro 11 en la salida norte de Culiacán, la capital de Sinaloa. Ahí yacen los cuerpos de 20 hombres, cinco de ellos decapitados. Galería del terror con el sello de las guerras narcas, cuatro restos sin cabeza fueron colgados del barandal del puente que cruza al Seminario Diocesano. Cuatro colgados sin cabeza. El resto de los despojos, 16, fueron abandonados dentro de una camioneta tipo Van. Uno de ellos también estaba decapitado. En bolsas de plástico, las cabezas de los cinco cercenados. Dentro del vehículo fue colocada una manta con un mensaje dirigido por un cártel a otro.
Any given Sunday in Sinaloa, diría un agente veterano de la DEA.
El próximo miércoles, que será 9 de julio, se cumplirán diez meses de guerra sinaloense entre dos cárteles. ¿Por qué? Primero, porque se pelean el mercado de las drogas en México y el trasiego hacia Estados Unidos, pero también el tráfico de armas, de personas y las extorsiones locales. Además, tanto Los Chapos como Los Mayos se miden para ver quién es más malote. Ya sabe usted, la machista narco-cultura de la santa muerte esparcida por todo México a punta de corridos, sicarios, balazos y buchonas. El hallazgo ya es considerado como el hecho violento con más víctimas que se ha registrado desde el pasado 9 de septiembre, cuando inició abiertamente la guerra entre Los Chapitos -hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y sus fieles- y La Mayiza, grupo leal a Ismael El Mayo Zambada, ambas facciones de lo que antes era el Cártel de Sinaloa. Como recordatorio, esta pelea brutal fue detonada en agosto pasado por la entrega de El Mayo a las autoridades de Estados Unidos, presuntamente luego de una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Así que, desde septiembre pasado, cuando empezó esta nueva guerra narca entra chapitos y mayitos, y hasta el último día de junio, se han perpetrado 1,538 asesinatos dolosos, según las estadísticas de la Fiscalía estatal. Ese es el saldo: un promedio de 153 casos por mes. Antes de que iniciara el nuevo narco conflicto, el promedio local era de menos de 50 asesinatos, que ya de por sí era un número muy elevado. Es decir, los homicidios se triplicaron. Y todo podría ser peor: un recuento publicado en EL UNIVERSAL registra que en realidad son 1,612 los asesinatos en el periodo.
Como sea, además de la cuantiosa pérdida de vidas hay algo muy preocupante en este caso, porque podría repetirse a escala nacional: se trata del subregistro del gobierno federal. Si tomamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos de septiembre a mayo (los datos de junio todavía no están disponibles públicamente) sólo fueron 1,052, contra 1,331 de la Fiscalía de Sinaloa, es decir, que 279 asesinatos desaparecieron de la estadística que divulga el gobierno federal.
Sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: en algunos estados, como fue el caso de Michoacán, se maquillaban las cifras para tratar de ocultar los graves niveles de violencia que existían. Aquel gobierno federal, bajo la mesa, culpaba al de Michoacán, pero eso era absurdo, porque el entonces presidente había desplegado a una especie de virrey en el estado, Alfredo Castillo, que controlaba toda la información, salvo que ahora digan que en ese entonces los malos priistas locales, socios de narcos, le tomaron el pelo (por ineficiente).
Eso es el pasado. La pregunta ahora es quién está distorsionando los datos en el gobierno federal, porque es absurdo pensar que el mandatario sinaloense, Rubén Rocha Moya, está registrando más asesinatos en su estado… para perjudicarse a sí mismo, salvo que esa sea su estrategia para que le manden más tropas, tal como está sucediendo. En cualquier caso, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, tendría que explicar esto. O Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O Juan Antonio Suárez Sánchez, titular del Centro Nacional de Información. ¿O el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch?
O que expliquen todos juntos, porque si esa diferencia entre los datos de Sinaloa y los del gobierno de Claudia Sheinbaum se está replicando en otras entidades y en diferentes delitos, estamos ante una política de Estado para maquillar cifras y por tanto no hay manera de creerles en Palacio Nacional cuando afirman que, salvo la extorsión, todos los delitos, incluido el de homicidio doloso, van a la baja. (Por cierto, ¿dónde está la oposición para exigir que se aclaren con solvencia estas gravísimas irregularidades? Cierto, no hay oposición.)
Eso no es toda la tragedia sinaloense: por si no fueran una barbaridad los más de mil 500 o los más de mil 600 homicidios dolosos desde septiembre y hasta junio perpetrados en Sinaloa; como si ese escalofriante dato no bastara, adicionalmente está el terrible problema de los desaparecidos que va provocando el conflicto entre los dos grupos criminales mencionados: desde septiembre y hasta ayer viernes se habían registrado 983 desapariciones, de acuerdo con datos del gobierno federal enlistados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se trata de 885 hombres y 98 mujeres. Esas 983 desapariciones implican un promedio de casi 100 por mes (98.3), al menos tres por día. El promedio de desapariciones en los meses previos al inicio de las hostilidades había sido de 41 desaparecidos mensuales, así que la cifra creció bastante más del doble, 140%.
Sinaloa ya se perdió.
Trasfondo
La presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse al caso de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, que al parecer negoció con el gobierno de Estados Unidos para que le reduzcan la sentencia a cambio de que él declare lo que le digan que declare y contra quien le digan que declare, formuló tres preguntas que fueron respondidas en voz alta por sus afines en una conferencia mañanera.
- ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México?
- Terroristas… -le respondieron.
- ¿Qué ha dicho Estados Unidos en relación con organizaciones terroristas? -azuzó la Presidenta.
- Que no negocia con terroristas.
- ¿Y qué está haciendo?
-Negociando con terroristas.
La Presidenta recordó que para detener a ese personaje fallecieron soldados mexicanos. Y no lo dijo pero es verdad que los cárteles mexicanos se comportan como terroristas, de acuerdo con las leyes mexicanas, tal como se asienta en el artículo 139 del Código Penal Federal, donde se considera terrorista a quien, utilizando “armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.
Celebro que haya dado ese giro la Presidenta y que sin matices ahora el gobierno mexicano por fin acepte que los cárteles sí son terroristas.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
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