Dos temas.
Uno. ¿Qué se puede negociar con el crimen organizado? ¿Qué sería viable pactar con los capos en aras de conseguir la paz en las regiones más devastadas por las guerras narcas, y en las zonas más explotadas por esa hacienda paralela que representa el cobro de piso? ¿Qué puede negociar la Iglesia católica mexicana con el sicariato que todos los días agobia a la gente a través de la extorsión?
Planteo las preguntas porque alrededor de 40 curas y 30 laicos de Matamoros, Acapulco, Morelia, Guadalajara y Ciudad de México han participado esta semana en un taller realizado en la Universidad Pontificia cuyo fin era lograr “el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes para dialogar con miembros de grupos criminales”.
Así estamos en este país, pero, ¿exactamente de qué hablamos con eso de “dialogar” y “negociar”?
De acuerdo a una nota publicada el martes en EL UNIVERSAL, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, dijo que el objetivo es acercarse a los integrantes del crimen organizado para construir la paz, y…“ayudar a que el delincuente se rehabilite”. Muy bien, todo lo que contribuya a generar una cultura de paz es encomiable pero me inquietó el término “rehabilitar”. No estamos hablando de gente que se robó un pan. ¿Qué significa exactamente eso de que los integrantes del crimen organizado se “rehabiliten”? ¿Cómo se rehabilita un extorsionador que quema negocios, secuestra y desaparece gente a la que tortura y asesina? ¿A cambio de qué se rehabilita?
Subrayo el punto porque si algo ha contribuido a que el imperio criminal se establezca en tantos municipios del país es la impunidad, esa horrenda prima-hermana de la complicidad y la corrupción. Perdón por la impertinencia pero, si “rehabilitar” es que los sicarios van a aprender catecismo o que van a acudir como ya lo hacen ante los curas para que se confiesen, les perdonen sus pecados, los absuelvan y salgan de nuevo a delinquir, todo con tal de que los sacerdotes puedan trasladarse en paz por sus territorios o cobrar a gusto narco-limosnas, no, no se vale, no nos vengan a vender, en nombre de Dios, el parto de los montes que perpetuará la esclavitud de los extorsionados.
Si van a dejar de cobrar piso, va, eso es todo lo que se necesita acordar con ellos. Si no se trata de tal cosa, a otro templo con esa historia.
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Dos. La nota de este viernes en EL UNIVERSAL es contundente: en los últimos 18 meses al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados a Morena. Un expediente de censura cada tres semanas, en promedio. De acuerdo con Artículo 19, esos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticas. Los últimos casos se han producido en Puebla, Veracruz, Sonora, Tamaulipas (con repercusiones en Ciudad de México) y Campeche.
El caso más inaudito es el campechano, donde una jueza de control del sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó esta semana medidas cautelares contra el veterano periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna, las cuales establecen que ambos contarán con “interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia para revisar qué pueden publicar”, y se les prohibió de manera estricta referirse… a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores.
Tal cual lo leyó: Torquemada para ellos, mándelos a las mazmorras de la Censora Inquisición Sansoriana. ¿Qué es esto? ¿Cómo que un censor o censora nos va a decir qué podemos publicar y qué no? La presidenta Claudia Sheinbaum es la líder de la 4T y tiene el deber de ponerle un alto a los excesos vergonzosos de quienes se ostentan como sus compañeros de ruta y fieles seguidores. Varios periodistas llevamos semanas diciéndole y documentándole lo que está ocurriendo y si ella sigue sin escuchar y avala todos estos arrebatos represivos entonces será cómplice de que en México tengamos ya una deshonrosa censura previa en expansión, como en las peores dictaduras.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
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