No es la primera vez que comandos de pistoleros destruyen cámaras de videovigilancia de una ciudad mexicana, pero ciertamente cada ocasión que sucede de nuevo los sicarios son más insolentes y desvergonzados. Más altaneros, más atrevidos, más ostentosos. Y en cada oportunidad, la ausencia del Estado se vuelve más notoria por el inaudito nivel de impunidad de los agresores, siempre ante la complicidad o la ineptitud de las fuerzas policiales -municipales y estatales- y la ausencia de elementos federales.
Déjeme le recuerdo el más reciente episodio, ocurrido el 25 de noviembre pasado, hace dos semanas y media: durante 27 minutos, células de sicarios balearon y destruyeron 80 cámaras de vigilancia de Culiacán, la capital de Sinaloa, ese estado en guerra entre los afines a los hijos de El Chapo Guzmán y aquellos leales a El Mayo Zambada, una confrontación que causó 555 muertos en sus primeros tres meses de escaramuzas (cerca de cien ataques, del 9 de septiembre al 9 de diciembre) y alrededor de 50 heridos, según datos de la Fiscalía local. Además, hay más de 500 desaparecidos, personas que se presume fueron levantadas por uno u otro bando.
Más de mil bajas en noventa días de enfrentamiento, un promedio de 11 caídos por día es el parte de guerra.
Seguimos normalizando las cifras del horror, nos seguimos habituando a ellas, y parecen no conmovernos ya, mucho menos escandalizarnos, pero eso no minimiza el deterioro institucional que ilustra la espeluznante cifra, la brutal realidad que nos abofetea, aunque miremos hacia otro lado: más de mil pérdidas en tres meses, una vida humana liquidada cada 3 horas, en promedio.
Vuelvo al ataque del 26 de noviembre, no porque las vidas de más de mil personas no tengan importancia, sino por lo que exhibe ese operativo delincuencial: en casi media hora de bacanal delictivo, comandos criminales destruyeron más de 80 videocámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa (el famoso C4i), y nadie hizo absolutamente nada para impedirlo. Las células armadas rafaguearon cuanto sitio quisieron y ni un policía municipal o estatal intento detener la arremetida. ¿Y las fuerzas federales desplegadas ahí? Nada.
Durante 27 minutos (entre las 02:12 horas y las 02:39), los sicarios dispararon sin inhibirse un segundo, hasta que cumplieron su cometido. No he hallado una prueba concluyente sobre la autoría del ataque y sí he recabado indicios de que ambos grupos enfrentados, Los Chapitos y La Mayiza, se pusieron de acuerdo para pactar una tregua y despedazar la infraestructura de videovigilancia, con el pragmático argumento de que ninguna de las partes quería que, a la hora de los enfrentamientos, fueran identificados -por las fuerzas policiales y militares- más elementos de sus bandas.
Con las 80 cámaras destruidas en más de 30 balaceras registradas esa madrugada (al menos dos por episodio, 2.6), ya suman 390 las cámaras inactivas en Culiacán, de un total de 794, lo que representa prácticamente la mitad inutilizada. Una ciudad que, si fuera un rostro humano, sólo tendría ya un ojo para observar a la delincuencia que no sólo combate entre ella, sino que paralelamente extorsiona y secuestra a todo tipo de emprendedores.
Como Culiacán, ¿cuántos municipios, en cuántos estados, hemos visto que sean sometidos por el crimen organizado desde el año 2000?
Siempre vuelvo al ejemplo del extranjero, para ver si de esa manera reaccionamos (y reaccionan algunos gobernantes con un poco de vergüenza), y para ver si nos indignamos al menos un poco más con la cultura criminal que sigue avanzando en México como una hidra inmortal que se expande a través de su narco cultura. Imagine usted que el 21 de enero de 2025 le informan al presidente Trump lo siguiente: “Señor Presidente, hoy en la madrugada, en la capital de Oregón, en Salem (o si usted prefiere, lectora-lector, en la ciudad más poblada del estado, en Portland), grupos de criminales balearon durante casi media hora 80 cámaras de la ciudad. Le informo, Mr. President, que ya sólo sirven la mitad de las cámaras, estamos ciegos, y que en tres meses de guerra del crimen organizado entre los Smith y los Johnson van más de mil muertos y desaparecidos, quinientos muertos y quinientos desaparecidos. ¿El gobernador? Él es un cero a la izquierda y el alcalde no puede hacer nada para contener a los cárteles.
¿Qué pasaría ahí, en Estados Unidos, si una ciudad importante como Culiacán hubiera sido perdida ante el crimen organizado de una manera tan brutal como la que ocurre en México? ¿No pasaría gran cosa, como aquí, o se volcarían todas las fuerzas del Estado para restablecer la ley y el orden?
El miércoles pasado la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo al frente de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Acapulco. La acompañaron las gobernadoras y gobernadores. Ahí, los conminó a que cumplan con su deber, a que hagan su parte, con ayuda federal, si quieren, pero que cumplan con lo que tienen que hacer por mandato de ley, que es brindar seguridad a los ciudadanos. Les exigió que atiendan los problemas de inseguridad y violencia en sus entidades, que sea la prioridad cada día en sus agendas. Y tiene razón. Llevamos los periodistas todo el siglo olvidando que los homicidios son delitos del fuero común, competencia local, y que todos los gobernadores y los fiscales que han pasado en 25 años, hasta los actuales, han conjuntado un cuarto de siglo haciéndose güeyes, por no escribir la peladez que se merecen.
Ya basta de ser administradores de lana (electos) y no hacer un carajo, ¿no?
Twitter: @jpbecerraacosta
