Cuando hablamos del juicio de amparo, no estamos discutiendo un simple trámite legal o una herramienta de litigio para grandes corporaciones. Estamos hablando, ni más ni menos, de la piedra angular de la justicia mexicana, el mecanismo que equilibra la balanza entre el ciudadano, el pequeño empresario y el poder del Estado. Es el baluarte que, desde el siglo XIX, nos permitió ser un referente global.
Por eso, ver cómo la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado y ahora bajo escrutinio en la Cámara de Diputados, amenaza con desmantelar su eficacia, obliga a alzar la voz por el futuro de la legalidad, la defensa de derechos de la ciudadanía y la inversión en México.
El juicio de amparo fue y debe seguir siendo un salvavidas para quienes enfrentan abusos de autoridad: desde negocios familiares hasta colectivos que defienden el medio ambiente y la salud pública. Las modificaciones que elevan barreras para obtener la suspensión o que limitan las garantías para evitar embargos perjudican la operación de las MiPyMEs y la estabilidad de miles de Familias.
En COPARMEX valoramos la inclusión del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades incumplidas; sin embargo, no son suficientes. Exigir depósitos en efectivo o cartas de crédito, y descartar garantías en especie, favorece solo a quienes disponen de liquidez y margina a la mayoría de las empresas. La imposibilidad de impugnar ciertas decisiones administrativas antes de un embargo erosiona la confianza.
Otro punto crítico es la cláusula que permite alegar "imposibilidad jurídica o material" para no cumplir sentencias. Esa figura abre la puerta a la impunidad si se acepta como excusa genérica. Las sanciones a funcionarios deben ser operativas y sujetas a revisión efectiva, no a interpretaciones que diluyan su eficacia.
La reincorporación de transitorios con aplicación retroactiva añade una capa de incertidumbre: procesos en curso podrían verse alterados y decisiones ya tomadas perderían respaldo jurídico. La seguridad jurídica no puede depender de maniobras que cambien reglas a mitad de litigio.
Frente a este diagnóstico, COPARMEX actuará con responsabilidad en la Cámara de Diputados. Propondremos enmiendas para eliminar la retroactividad, ampliar el interés legítimo colectivo y flexibilizar las formas de garantía para proteger a las MiPyMEs. También plantearemos límites claros a la cláusula de "imposibilidad" y herramientas para ejecutar sentencias.
Nuestra agenda legislativa impulsará en todo momento el fortalecimiento al Estado de Derechos, el cumplimiento judicial, sanciones efectivas y procedimientos ágiles que brinden certeza y garantía a los gobernados y al sector empresarial y no se legisle con miras de recaudación fiscal que atropellen o vulneren derechos.
La defensa del Estado de Derechos es compatible con la mejora administrativa y la lucha contra la evasión; no son objetivos contrapuestos. Recaudar mejor no puede significar debilitar el derecho de defensa. Por ello, llamamos a los Diputados Federales a escuchar a la sociedad civil, a la academia y al sector productivo para construir un texto que proteja a Ciudadanos y Empresas por igual.
El Amparo es un patrimonio nacional. No permitamos que un afán legislativo lo convierta en una herramienta ineficaz e inaccesible. Diputados, en sus manos está la oportunidad de demostrar que la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho prevalece sobre cualquier otra agenda. Actúen con conciencia histórica y responsabilidad con el México productivo. #OpiniónCoparmex
Presidente Nacional de COPARMEX
