Ayer fue un día clave para la justicia en México. Después de cinco meses, finalmente, se acabó la tan innecesaria como bochornosa “ ley Zaldívar ”. Ese fraude a la Constitución impulsado por Morena y sus aliados que, sin lugar a dudas, puede llegar a considerarse como uno de los más burdos ataques contra la independencia judicial en la historia de este país. Dicho episodio no solo pinta de cuerpo entero al Presidente de la República y sus obstinados caprichos por hacer lo prohibido, sino que también deja constancia de los desvaríos jurídicos, las contradicciones e intrigas políticas de sus principales involucrados.
En una sesión breve pero significativa, marcada por el silencio sepulcral de Arturo Zaldívar , la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enterró de una vez por todas el intento de ampliar su mandato como Presidente de dicha institución y de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Luego, justo al terminar ese desgastante capítulo en la actual presidencia de la Corte, tan solo unos minutos después de que el proyecto de Fernando Franco fue votado por unanimidad, el Senado de la República recibió la terna propuesta por López Obrador, precisamente, para relevar a este ministro —quien el próximo 12 de diciembre finalizará su encargo constitucional de quince años—.
Conviene detenerse en tales acontecimientos, pues ambos anuncian el fin de un ciclo y el inicio de otro marcado por un futuro incierto para el Poder Judicial mexicano. Y es que con la salida del último ministro nominado por Vicente Fox en un lejano 2006, curiosamente hoy llega una propuesta tan inédita como preocupante para el funcionamiento de la justicia constitucional.
De entrada, las tres personas que ahora buscan sustituir a Franco no son juzgadores federales ni locales, ni desempeñan una función en la administración pública, ni mucho provienen de la academia, sino que son parte del máximo órgano administrativo del Poder Judicial Federal, es decir, son integrantes del CJF. Así, el consejero Bernardo Bátiz y las consejeras Loretta Ortiz y Verónica de Gyvés serán quienes durante los próximos días tengan que comparecer ante la Cámara Alta para poder ocupar la oficina vacante en Pino Suárez número 2.
En ese sentido, habrá que recordar que el Pleno del CJF se integra por siete miembros. Tres son designados por la SCJN (entre magistrados y jueces federales); dos, por el Senado; y, uno, por el Presidente de la República; asimismo, es parte del Pleno el Presidente de la Suprema Corte, quien también funge como Presidente del Consejo.
Por eso, no es un dato menor que cada una de estas tres personas no solo cuente con el apoyo del partido político en turno (pues tanto Ortiz como de Gyvés ya fueron votadas en el Senado para ocupar su actual cargo y Bátiz fue nombrado directamente por López Obrador), sino que además todas han sido propuestas durante este sexenio para ocupar otros cargos de la máxima relevancia: Bátiz y de Gyvés fueron parte de la terna en la que Alejandro Gertz Manero resultó electo como Fiscal General de la República, y Ortiz fue incluida, sin éxito, en las dos ternas que culminaron con las designaciones del ministro Juan Luis González Alcántara en 2019 y de la ministra Yazmín Esquivel Mossa en 2019. De ahí que algunos comentaristas afirman, no sin una pizca de razón, que nos encontramos ante una “terna de consolación” o una “terna de retazos”.
Se trata, para decirlo pronto, de personas muy cercanas al Presidente de la República y a las mayorías parlamentarias. Individuos que saben cómo son estos procesos y qué es lo que les espera: diversos escrutinios plagados de discursos vacíos, lugares comunes y preguntas a modo, donde vale más tener padrinazgos en los liderazgos partidistas antes que argumentos y capacidades suficientes para comportarse como jueces constitucionales. La verdad es que sería un tanto ingenuo pensar que, ahora sí, veremos en el Senado una designación a la altura de las circunstancias.
Por eso, desde el primer momento de este proceso, conviene llamar la atención sobre distintas inquietudes y problemáticas que encierra la cuarta terna que envía López Obrador en su sexenio:
1.- Carambola en el Consejo de la Judicatura. Que la terna esté conformada sólo por integrantes del CJF no sólo garantiza la designación de una ministra o ministro cercano a la actual administración, sino que abre la puerta a que la Cuarta Transformación designe a un nuevo consejero o consejera por un periodo de cinco años. Y es que, a manera de puertas giratorias, estas tácticas se pueden usar para seguir controlando políticamente a quienes integren órganos que deberían gozar cada vez de una mayor independencia y autonomía. Porque más allá de que el próximo integrante del máximo tribunal sea Bátiz, Ortiz o de Gyvés, lo cierto es que en los próximos meses se deberá volver a designar al colega de quienes no resulten electos. Esto abre abre la puerta para que el poder en turno, con sus respectivas mayorías parlamentarias, continúe con sus intentos de capturar a la judicatura federal. La ley Zaldívar murió, pero la lógica de las cuotas y los cuates persiste.
2.- Una terna contraria a la paridad. Tristemente no se cumplió la exigencia que, desde la sociedad civil y la academia, buscaba cumplir con la paridad en la SCJN a través de la petición de #MásMujeresEnLaCorte. López Obrador pudo mandar una propuesta exclusivamente conformada por personas del género femenino, pero no lo hizo. Con la inclusión de un hombre, no solo las posibilidades por tener por primera vez en la historia un alto tribunal compuesto por cuatro mujeres se ven reducidas, sino que también vale la pena mencionar que el único candidato varón, a sus 85 años, se convierte en la persona de mayor edad que ha sido nominada en una terna en la época moderna. Si Bátiz es nombrado, al final de su mandato tendríamos un ministro centenario, que comenzaría a recibir su haber de retiro a la nada despreciable edad de los 100 años.
3.- Debilitamiento de las ministras y ministros de carrera. Con la llegada de cualquier integrante de esta terna, en la Suprema Corte continuaría la tendencia consistente en debilitar la presencia de ministras y ministros provenientes de la carrera judicial federal, esto es, personas que anteriormente se desempeñaron en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Con esto se rompe la tradición de que, cada sexenio, por lo menos algún miembro de la judicatura fuese designado como parte de nuestro Tribunal Constitucional. En principio, que la SCJN quede sólo con cuatro integrantes de carrera judicial federal no debería ser problemático, siempre y cuando llegaran perfiles externos con solvencia técnica e independencia política. Sin embargo, es claro que tanto esta administración como la pasada han realizado nombramientos de ministras y ministros que han dejado mucho que desear.
4.- Lealtad incondicional al Presidente de la República. Queda claro que, con esta nominación, el titular del Ejecutivo no ha tomado ningún riesgo. En la arena judicial, su célebre dicho de que basta un 90% de honestidad y un 10% de experiencia, parece transmutarse hacia un 100% de lealtad. Gane quien gane la designación, López Obrador ya ganó con un Senado rendido a sus pies y una terna que ha mostrado completo apego y sumisión a este personaje a lo largo de los años. Y es que cuando el mismo Presidente incluso se ha atrevido a regañar a Bátiz, Ortiz y de Gyvés, afirmando que ninguno de sus consejeros que propuso para integrarse al Poder Judicial se encarga de combatir a la corrupción por estar adormecidos, las alertas saltan por los aires al momento de pensar que ahora una de esas amodorradas propuestas, además, será su ministro o ministra.
De poco servirá seguir celebrando una pomposa reforma judicial si no se cambia un sistema de designaciones a modo que busca, ante todo, servir a los intereses del Ejecutivo en turno. Bien se dice que, para muchos políticos, un gramo de lealtad vale más que una tonelada de inteligencia. Ojalá que para los años venideros se pueda articular una reforma de verdad, que termine con un sistema de designación tan arcaico y tramposo. Pese a la invalidación de la ley Zaldívar, son malos tiempos para la justicia constitucional en México.
