En un Valle de México asediado por el desabasto derivado de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los estragos de las lluvias torrenciales y los bloqueos de piperos y rellenadoras, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante un paso histórico hacia la justicia hídrica o frente a un golpe mal planeado que deja sedienta a la gente?
La reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), presentada el 1 de octubre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la propuesta de una nueva Ley General de Aguas (LGA), busca “devolver el agua a la nación”. Sin embargo, el Operativo Caudal en el Estado de México —que clausuró casi 200 pozos irregulares y afectó a cientos de pipas y rellenadoras— ha desatado el caos. La medida evidenció las grietas en la gestión del vital líquido y el aprovechamiento de grupos delictivos y políticos que han lucrado a expensas de una crisis que afecta a todos los mexicanos.
La Ley de Aguas Nacionales vigente, promulgada en 1992 para normar el artículo 27 constitucional, faculta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para otorgar concesiones a particulares, industrias y agroindustrias. Bajo este esquema, el agua se ha tratado como un bien económico que se compra, vende y hereda libremente. Sin embargo, la falta de control y el crecimiento de la demanda generaron un mercado negro sin precedentes: el llamado aguachicol.
En el Estado de México, cientos de pozos clandestinos extraen agua sin tratamiento y la venden hasta 200% más cara a rellenadoras y piperos, sin garantizar su potabilidad. Este problema no es exclusivo de esa entidad: se replica en prácticamente todo el país, llegando a miles las extracciones irregulares. Así, el agua se vende al mejor postor —sin que se sepa si es legal o robada— y, en algunos casos, hasta se intercambia por votos o favores políticos. El resultado: municipios sin agua potable de calidad, con altos niveles de corrupción y opacidad.
La nueva iniciativa propone un cambio de paradigma. La Ley General de Aguas busca reglamentar el artículo 4º constitucional, que consagra el derecho humano al agua suficiente, salubre y asequible. Plantea una gestión integral, priorizando el “mínimo vital” para consumo humano y ecosistemas. Fortalece a Conagua como autoridad rectora, fomenta la tecnificación del riego y exige mayor transparencia en los distritos. En teoría, pasamos de un libre mercado que favorece a los aguachicoleros a un Estado interventor que busca blindar el agua para el pueblo.
Sin embargo, críticos del IMCO y de la UNAM advierten riesgos de centralización. El Operativo Caudal es ejemplo de ello: una intención noble, pero una ejecución desastrosa. El operativo, encabezado por la Fiscalía y la Comisión del Agua del Estado de México, clausuró pozos en 48 municipios, destapando una red que vendía agua robada e impura a rellenadoras. El resultado: desabasto masivo, cierre de empresas, bloqueos y protestas. La gobernadora Delfina Gómez insiste en que se trata de “regulación, no cacería”, pero el pueblo paga el precio.
Como en 2019, cuando el cierre de ductos de Pemex buscó frenar el huachicol y terminó provocando desabasto, el riesgo es repetir la historia: ordenar el mercado bajo nuevas estructuras, sin erradicar la corrupción. Ojalá no ocurra lo mismo con el aguachicol. Las autoridades deben sancionar a los responsables, tomar control de los pozos clandestinos y destinarlos al abasto que tanta falta hace en el Estado de México.
Las reformas propuestas por la Presidenta representan un avance histórico al reconocer el agua como un derecho. Pero aún falta diálogo para enriquecerlas y garantizar que realmente sirvan para revertir la crisis hídrica.
Aprobemos la reforma, pero con ajustes. El agua es vida, no caos. México sediento clama: ¡acción inteligente, ya!
Presidente de Agua en México