Factores exógenos y endógenos han golpeado fuertemente al sector de la aviación durante esta administración.
El simple anuncio de la posibilidad de que el gobierno federal se aventure ahora a operar una línea aérea por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional pone de cabeza a quienes hemos seguido con atención y preocupación los retos y prioridades que este sector enfrenta.
Lo hemos venido apuntando en reiteradas ocasiones, la pandemia constituyó el golpe más importante en términos operativos, financieros y de viabilidad y supervivencia, en la historia de la aviación comercial del planeta.
Hay que agregar que no se ofrecieron apoyos algunos en la región, México incluido, a las líneas aéreas. Esta situación de falta de apoyo en la pandemia es únicamente comparable con economías del continente africano.
A partir de la cancelación del proyecto del NAICM en Texcoco, el sector aeroportuario del Valle de México transita días aciagos, con un impacto innegable en los planes operativos y comerciales de las líneas aéreas que no puede soslayarse. La pretendida operación conjunta de los aeródromos AIFA Y AICM apoyados por el aeródromo en Toluca permanece como una ecuación que sencillamente no termina de funcionar.
Recortes de personal y de presupuesto en los organismos gubernamentales del sector, temas sindicales y de desconfianza entre operadores de vuelos y asociaciones de pilotos, improvisación y falta de planeación, han sido todos protagonistas en el sector de la aviación mexicana.
Pero quizá junto con el tema de seguridad aérea en la operación conjunta de los aeródromos del centro del país, el tema más relevante y urgente es la degradación a Categoría 2 por parte de la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos.
Estamos en camino a cumplir diecisiete meses (más de una tercera parte de esta administración) degradados en Categoría 2. Algo nunca visto en la historia de nuestra aviación. La última ocasión que esto ocurrió, durante la administración del Presidente Calderón, a su administración le tomó tan sólo 4 meses revertir la situación.
Cabe recordar en el tema de la degradación, que está situación sigue desangrando las finanzas, sigue rompiendo los planes de negocio y descuadrando los planes comerciales de las líneas aéreas mexicanas, que les impide competir en igualdad de condiciones con sus pares estadounidenses. En efecto, las líneas áreas mexicanas están imposibilitadas para sumar nuevas rutas hacia los Estados Unidos, nuevas frecuencias a las rutas existentes e impedidas de incorporar nuevas aeronaves a las rutas operadas a dicho territorio.
Es preciso preguntar en este sentido si verdaderamente es sensato pensar en una nueva línea aérea operada por el gobierno mexicano, esté en manos o no de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El sector viene requiriendo de forma urgente una nueva política aeronáutica hace dos décadas.
La coyuntura actual y el poco tiempo que resta a la presente administración colocan al inicio de la lista de prioridades atender de manera urgente los retos antes referidos, siendo fútil ya insistir en una nueva política para el sector.
Al mismo tiempo que las prioridades se reacomodan, resulta sencillamente inexplicable que se esté considerando un proyecto de esta naturaleza, en franco desdén de situaciones apremiantes en este y otros sectores de la economía y de la realidad nacional.
Es necesario recordar que el Estado mexicano y los funcionarios públicos tomadores de decisiones son sujetos de responsabilidad en el manejo de recursos públicos que debe ser, en términos constitucionales, eficiente, eficaz, transparente y honrado, destinado a satisfacer objetivos prioritarios en búsqueda del bien común.
El manejo de recursos públicos debe aislarse de actividades que no transiten por temas de orden e interés público que conlleven un grado considerable de riesgo en la generación de valor y, sobre todo, que puedan desarrollarse en forma más eficiente por el sector privado. Esto es así porque la actividad de especulación comercial y el riesgo inherente a invertir recursos están en el ADN del sector privado, no así del sector público.
Para muestra basta un botón. Los únicos grupos aeroportuarios que operan con pérdidas en nuestro país son los que opera el Gobierno Federal, con recursos públicos. Los tres grupos aeroportuarios que opera el sector privado ganan dinero.
La operación de una línea aérea es un negocio complejo, de riesgo operativo y financiero, uno en el que la propia iniciativa privada tiene sus reservas. Es un negocio de márgenes estrechos, constantemente sometido a presiones de carácter laboral, de altos costos y volatilidad de precios de combustibles y frecuentemente señalado en temas de emisión de gases de efecto invernadero en el contexto del cambio climático.
La participación del sector militar operando líneas aéreas comerciales en otros países ha sido un fracaso en sí misma y ha colapsado sectores enteros de aviación.
Finalmente, existe una restricción legal expresa en nuestra Ley de Aeropuertos, que impide que un grupo que controle uno o más aeropuertos participe en una línea aérea y viceversa. Esta restricción legal, consignada en una ley federal, no podría revertirse como se ha anunciado mediante la modificación al reglamento de la materia, en aplicación de un principio básico de jerarquía de leyes. En otras palabras, sería necesario modificar esta restricción en la propia ley, y preguntarnos si esto es sensato cuando lo que se tutela es evitar situaciones de conflictos de interés entre operadores de concesiones aeroportuarias y operadores de concesiones de transporte aéreo.
El país y la realidad nacional requieren de recursos de manera urgente en materia de salud, educación y seguridad. No resulta fácilmente explicable pretender ahora asignar recursos (entre mil y mil ochocientos millones de pesos) para operar una línea aérea, además de aeropuertos, trenes, museos y otras tantas actividades que durante la presente administración han desviado a nuestras fuerzas armadas de las tareas estratégicas que constitucionalmente están llamadas a desempeñar.
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