No hay que dejar pasar por alto el hecho vergonzoso que se suscitó hace unas semanas en Querétaro donde, de manera cavernícola y retrograda, la fiscalía culpó a Esmeralda, una adolescente, de homicidio por tener un aborto espontáneo. El caso tuvo relevancia nacional al conocerse que se buscaba darle, a la menor, tres años de prisión y que tendría que otorgar una indemnización de 500 mil pesos, como reparación del daño, al hombre que señaló como responsable y que era familiar suyo.
El Colectivo Adax fungió como vocero de Esmeralda. Dio a conocer la denuncia presentada por ella. El caso fue cerrado, según, por falta de pruebas, esto a pesar de que posteriormente se demostró que las muestras de ADN eran de su primo.
En nuestro país el 90% de los abusos sexuales contra niñas son cometidos por familiares o personas allegadas; como si fuera poco la pobreza y la desigualdad social acentúa esta situación a la que se enfrentan y que termina por hacer más complejo el acceso a la justicia.
El problema se agrava, aún más, con la falta de preparación de los funcionarios que laboran en los ministerios públicos y las fiscalías, su aplicación de justicia responde a una concepción machista que termina por revictimizar a la víctima.
El caso de Esmeralda sorprende porque: no se reconocen ni respetan sus derechos; el violador sigue en libertad; la impartición de justicia en México se hace desde una concepción machista; y varios de los estados de la República tienen leyes retrogradas que no reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, desde el 2021, que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar aún hay estados que lo mantienen dentro de sus códigos penales como un delito.
San Luis Potosí se convirtió, el pasado 7 de noviembre, en el estado diecinueve en despenalizar el aborto. Aún faltan trece entidades por hacerlo, pero también se deben de revisar casos como el de Aguascalientes donde en diciembre de 2023 el Congreso había decidido despenalizar el aborto hasta las doce semanas y el 23 de agosto de este año decidieron modificarlo a las seis semanas; en Zacatecas y Nayarit tribunales concedieron amparos para que se despenalice el aborto; la Suprema Corte ordenó al Congreso de Chiapas despenalizar la interrupción voluntaria y determinó que la Legislatura de Yucatán debe de derogar las normas que penalizan el aborto.
El nombre de Esmeralda permite evidenciar lo mal que funciona la justicia en nuestro país. El caso de ella, sin pensarlo, se volvió mediático y permitió que no se diera una injusticia en su contra, pero ¿cuántas mujeres día a día no terminan siendo acusadas, injustamente, de su propia tragedia? ¿Cuántos hombres acusados de violación caminan impunes por las calles sin haber respondido ante la ley?
La injusticia sigue dándose hacia las mujeres. Es vergonzoso que las entidades legislativas regateen los derechos de ellas a decidir sobre su cuerpo y que se les criminalice violentándolas en dos ocasiones: por su agresor y la autoridad.
Sería pertinente explorar que la interrupción del embarazo fuera un derecho que se estableciera en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para obligar, así, a los congresos estatales a garantizar que todas las mujeres de México tengan el mismo derecho a abortar antes de las doce semanas y que estén protegidas plenamente por la ley.
Hasta aquí Monstruos y Máscaras…
