Hace un par de años llamé por teléfono a un alto funcionario del gobierno de Jalisco, apenas estaba terminando de saludarlo cuando inmediatamente sin haberle preguntado nada más me dijo: “¿seguro me hablas por lo de Puerto Vallarta?”.
No hubo necesidad de concluir mis saludos, porque él, como seguramente muchísimas personas más, saben que en este destino turístico tan famoso en el mundo por su belleza natural y por su población, existe el otro Puerto Vallarta, el de pederastas, turismo sexual infantil, y el de una larga historia de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes.
Regresando a la llamada telefónica, la tragedia fue que sabiendo perfectamente de los delitos que ahí se cometen, no sugirió solución alguna para enfrentar la pederastia y el turismo sexual infantil.
Por supuesto que Puerto Vallarta no es el único destino en nuestro país con violencia sexual infantil, redes de trata e impunidad para los criminales, que se saben intocables y que cuentan con redes de complicidad y corrupción.
Por eso hoy quiero destacar que el actual gobierno de Jalisco haya tenido la voluntad de detener a Alejandro Marín, conocido por la producción de contenidos pornográficos y acusado por delitos en materia de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, así como por explotación sexual.
Esto gracias a los padres de una menor de 16 años, que interpusieron una denuncia, y que de acuerdo con el periódico La Jornada, “se logró acreditar que el hombre se ganó la confianza de la víctima y comenzaron a sostener relaciones sexuales de forma ocasional, además de ofrecerla a otras personas a cambio de dinero”.
En redes sociales el gobernador Pablo Lemus se refirió a la detención como “muy importante”, y señaló que en Jalisco “nos tomamos muy en serio la protección de las mujeres y de las y los menores de edad”. Confió en que esta será la primera de muchas otras acciones que acaben con la impunidad que hoy gozan estos criminales.
En 2023 el periódico Mural advirtió que durante los primeros cinco meses de ese año habían ya 124 denuncias por abuso sexual infantil en Puerto Vallarta, un incremento del 53 por ciento con respecto al mismo periodo del 2022, cuando sumaron 81 denuncias.
Cuando ese alto funcionario respondió diciendo que ya sabía para que le hablaba, es porque no solo conoce lo que sucede en Puerto Vallarta, si no porque hay muchas voces involucradas que no quieren que se aplique la ley ni se proteja a la infancia.
Afortunadamente son cada día más quienes dan un paso al frente para salvaguardar los derechos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Urge que las y los gobernadores de la mano del gobierno federal, del Poder Legislativo, que ha venido presentando ya diversas iniciativas en este sentido, y que nosotros como sociedad, actuemos con urgencia y unidad para romper la complicidad y para que México no sea un paraíso para los pederastas y criminales.
Ya se dio un primer paso en Vallarta, aunque aún faltan muchos más.
