El pasado 20 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica”, el cual sentó las bases para la construcción de un nuevo modelo de rendición de cuentas del Estado Mexicano.
En próximos días, conforme a los transitorio de la reforma constitucional, el Congreso mexicano decidirá el futuro del acceso a la información y la protección de datos personales en México con la expedición de nuevas leyes en ambas materias. Sin embargo, en este proceso de construcción legislativa es fundamental no perder de vista un elemento esencial: los archivos.
Sin un sistema robusto de gestión documental, cualquier promesa de transparencia se volvería letra muerta. La disponibilidad de la información depende directamente de la existencia, organización y conservación de los archivos. De poco sirve la intención de garantizar rendición de cuentas, si los documentos no están accesibles, si los datos se encuentran dispersos o si la administración pública no tiene protocolos claros para su manejo. En este sentido, las reformas que se discuten deben garantizar la transversalidad entre las nuevas normas y el sistema de archivos.
Los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales no pueden desvincularse de la gestión documental. Desde la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en el año 2018, el fortalecimiento de archivos ha sido clave para garantizar la rendición de cuentas y evitar opacidades que favorecen la corrupción y, ante la construcción de un nuevo esquema de transparencia, es imprescindible que las nuevas normativas refuercen su aplicación efectiva y su vinculación con los mecanismos de transparencia y protección de datos.
Sin duda, uno de los grandes retos en la administración pública es la falta de capacitación en materia archivística y la persistencia de malas prácticas, como la desaparición de documentos clave o su manejo inadecuado. La falta de una cultura de archivo ha generado vacíos de información que, en la práctica, impiden el ejercicio pleno de derechos de la sociedad. Si los archivos no se consideran como una prioridad en la discusión legislativa actual, la transparencia seguirá siendo una aspiración limitada.
Las nuevas leyes deben garantizar que todas las instituciones gubernamentales adopten un sistema de gestión documental eficiente, con criterios claros de organización, digitalización y conservación. Además, es necesario establecer sanciones efectivas para se garantice la correcta administración de archivos con compromiso y responsabilidad.
Si México realmente busca avanzar en materia de transparencia y protección de datos personales, debe hacerlo desde una visión integral. No basta con crear leyes innovadoras si no se resuelve el problema estructural de los archivos. Sin documentos bien conservados, sin datos ordenados y accesibles, las mejores intenciones normativas quedarán en el papel.
Es momento de reconocer que los archivos son un eslabón necesario en el debate sobre transparencia y protección de datos. El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de sentar las bases de un sistema de transparencia sólido, confiable y realmente accesible para la ciudadanía.
@JosefinaRomanV
