Un viejo y miserable recurso es utilizado para ensuciar la trayectoria de alguien a quien se considera un adversario político… en ocasiones incluso sin serlo. Es sencillo de activar y las consejas populares lo tienen bien ubicado: “calumnia que algo queda”, “cuando no mancha, tizna”. Uno pone a funcionar las aspas del ventilador y tira mierda de tal suerte que algo ensuciará al destinatario.
El encargado del despacho de la contraloría del INE compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Y de manera sibilina inyectó su insidia. Dice el (mi) diccionario que sibilino es aquel, con apariencia de importante, capaz de expresarse de manera ambigua, críptica, con la finalidad de afectar a alguien. Señaló “probables daños al erario por más de 400 millones en la administración pasada del INE”, “hay denuncias en curso”, pero dijo “no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación”. (EL UNIVERSAL, 5 de abril). Es decir, por lo pronto no hay nada, solo una investigación (que por cierto es lo que hacen las contralorías) y “probables daños”, y no puedo decir nada más porque las pesquisas requieren sigilo. Pero eso sí, ya sembró los elementos para la especulación, para generar descrédito, para ensuciar la fama pública del exconsejero presidente del INE. Lanzó la piedra y trató de esconder la mano.
Se sabe y si no, debería saberse, hay algo que se llama y con razón el derecho del auditado y consiste en que cuando el auditor encuentra alguna posible anomalía tiene que reportarla al presunto infractor para que éste tenga la posibilidad de explicarse y defenderse (el famoso derecho de audiencia). Me entero, por un comunicado de Lorenzo Córdova, que ni siquiera ha sido notificado de algún procedimiento en su contra, y, sin embargo, el encargado de despacho ya inició su peregrinar para desacreditar ex ante al anterior consejero presidente del INE. No sólo está viciando todo el procedimiento adelantando vísperas, sino que está tratando de afectar la honorabilidad de un funcionario probo.
El IFE/INE siempre ha sido revisado por la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados. Nunca ha sido ni debe ser una institución autárquica. La autonomía —necesaria, fundamental, estratégica—, tiene que ver con su capacidad para autogobernarse sin interferencias externas, pero desde siempre ha estado obligado a rendir cuentas de los recursos que recibe. En el pasado se creó la Controlaría interna para que las autoridades del Instituto tuvieran información propia de lo que sucedía en una institución tan descentralizada como lo es el IFE/INE (32 juntas locales y 300 juntas distritales). Su titular era propuesto por el consejero presidente al Consejo General, quien lo aprobaba por una mayoría calificada de votos. Y por supuesto el contralor estaba obligado a informar al presidente y al Consejo de manera permanente.
Sin embargo, la Cámara de Diputados impulsó una reforma para nombrar ella misma al contralor de la institución. Desde el inicio fue claro que se trataba de introducir una cuña en el INE, un funcionario que no respondiera a las autoridades del Instituto sino, al parecer, al grupo mayoritario de la Cámara. Y en esas estamos. El actual encargado de despacho fue dejado en ese lugar por su antecesor que salió del INE para integrarse al gobierno de Morena en el Estado de México.
Malos tiempos y peores usos y costumbres.