Se volvió a abrir el debate sobre las fórmulas de traducción de votos en escaños. La pretensión de sobrerrepresentar a la mayoría por un lado y la propuesta presidencial de acabar con los plurinominales por el otro, no son asuntos menores. Pueden retrotraer al país a épocas que creíamos superadas.
Desde la primera constitución republicana (1824) hasta 1963 la receta para integrar la Cámara de Diputados fue la de dividir al país en distritos y en cada uno elegir un representante. Una fórmula clara y sencilla pero que ya para mediados del siglo pasado, dada la existencia de un partido hegemónico, acarreaba una sobrerrepresentación de la mayoría y una subrrepresentación de las minorías. Por ejemplo, en 1958, con el 88% de los votos, el PRI obtuvo el 94% de los diputados.
Por ello, en 1963 se crearon los diputados de partido. Si un partido lograba por lo menos el 2.5% de los votos se le asignaban 5 diputados y 1 más por cada medio punto porcentual. Incluso, en el primer reparto en 1964, cuando ni el PPS ni el PARM lograron ese porcentaje, el Colegio Electoral decidió otorgarles 5 representantes.
Fue en el marco de la reforma política de 1977, aquella que inició el proceso de democratización, en la que se colocaron los cimientos del actual sistema: se elegirían 300 diputados uninominales y 100 plurinominales. Los primeros en distritos y los segundos en listas regionales. Solo participarían en el reparto de los pluris aquellos partidos que no hubieran obtenido triunfos en 60 o más distritos (en aquellos años solo el PRI), con lo cual se garantizaba que por lo menos el 25% de los representantes fueran de partidos distintos al oficial.
En 1986 se agregaron 100 diputados plurinominales, con lo cual la traducción de votos a escaños podría incluso alcanzar la representación exacta (tantos votos = tantos representantes). El partido mayoritario podría participar en el reparto de plurinominales, pero solo si su porcentaje de votos era superior al porcentaje de diputados triunfantes por la vía de los distritos. No obstante, el temor a una Cámara sin mayoría absoluta de algún partido introdujo lo que se llamó la cláusula de gobernabilidad, es decir, que si ninguno lograba el 50% más uno de los diputados, el que más votos hubiera logrado, por mandato de ley, tendría esa mayoría absoluta.
En 1990 se estableció que para beneficiarse de la cláusula de gobernabilidad se requeriría por lo menos el 35% de la votación y que por cada punto porcentual por encima de ese porcentaje el partido usufructuario de esa cláusula tendría dos diputados plurinominales más.
En 1996 se diseñó la fórmula vigente. Con 300 uni y 200 pluri se podría arribar a la representación proporcional estricta, si los segundos se repartían para hacer coincidir el porcentaje de votos con el de diputados. Eso fue planteado por la izquierda. Sin embargo, el PRI sostenía que sin una mayoría absoluta en la Cámara sería ingobernable. Se llegó a un acuerdo: la mayoría no podría tener una sobrerrepresentación superior al 8%. Se trataba de que entre votos y escaños hubiese una relativa correspondencia y no una distorsión de la voluntad popular.
Pues bien, la propuesta presidencial de desterrar a los plurinominales llevaría al país a antes de 1963, cuando se comprendió que tanto la mayoría como las minorías eran partes de la nación. Si la fórmula del presidente estuviera hoy en la Constitución, la alianza pro-gobierno con el 54% de los votos hubiera alcanzado más del 84% de los diputados.
Profesor de la UNAM
