Y cuando despertamos, el crimen organizado ya estaba ahí. No llegó de golpe, ni anunció su presencia con estruendo. Se filtró primero en las brechas rurales, después en las policías municipales, más tarde en los presupuestos públicos, en las campañas electorales, en las aduanas, en los puertos y, finalmente en la conciencia nacional. Hoy no podemos señalar un solo Estado libre de su influencia. La pregunta no es si está presente, sino hasta donde gobierna.
¿Cómo sucedió? Fue un proceso lento, incubado durante décadas de abandono institucional y negación política. Un momento decisivo fue cuando se toleró que los cárteles sustituyeran al Estado en regiones enteras; cuando la corrupción se volvió mecanismo de gobernabilidad, cuando la impunidad garantizó que el crimen fuera un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad. Ningún gobierno puede declararse inocente, unos lo combatieron de forma frontal pero desordenada, fragmentándolo y multiplicándolo, otros optaron por ignorarlo o administrarlo, bajo la ilusión de que la contención era equivalente a la paz.
Así nació un poder paralelo, no necesita ganar elecciones porque controla el miedo, no recauda impuestos, pero cobra cuotas, no imparte justicia, pero dicta sentencias, su expansión no es únicamente territorial es institucional. Allí donde un funcionario obedece antes al criminal que a la ley, el Estado retrocede. La consecuencia es devastadora, la confianza desaparece, la inversión se friquea, el turismo se ahuyenta y el desarrollo se torna insostenible. Un país concebido como rehén del crimen pierde algo más que reputación, pierde su futuro.
México se acerca a un momento decisivo en que el mundo nos observa. En unos meses seremos sede del Mundial de futbol. La interrogante no es si podemos simular normalidad durante unas semanas, sino si podemos reconstruirla de forma permanente. Negar la magnitud del problema ya no es opción, cada homicidio impune, cada carretera tomada, cada autoridad sometida, es una señal de que el Estado pierde terreno. El riesgo mayor no es la violencia en si misma, sino la normalización de la violencia. Cuando la sociedad se acostumbra, el crimen deja de esconderse, el desafió se convierte en sistema. También existe una presión externa inevitable, la cooperación internacional puede transformarse si México es percibido como incapaz de gobernar su propio territorio. La soberanía no se proclama, se ejerce garantizando el monopolio legítimo de la fuerza.
No existe una solución mágica, pero si una ruta clara. Primero, reconstruir el poder local depurando policías municipales y estatales mediante controles reales, salarios dignos y supervisión independiente. Segundo, atacar el dinero, sin flujo financiero el crimen pierde capacidad operativa, esto implica inteligencia fiscal, congelamiento de efectivo, de activos y responsabilidad penal para las redes empresariales y políticas que lo facilitan. Tercero, terminar con la impunidad, un sistema judicial que no castiga es una invitación al delito, la certeza del castigo debe reemplazar a la certeza de la evasión. Cuarto, recuperar el territorio con presencia permanente del Estado: carreteras seguras, puertos vigilados, aduanas confiables, no operativos temporales sino instituciones permanentes. Finalmente, liderazgo político, nombrar el problema sin eufemismos y asumir el costo de enfrentarlo.
La pregunta ya no es cómo llegó el crimen a dominar espacios del país, la pregunta es si tendremos la voluntad de expulsarlo.
Analista