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El operativo realizado en Chihuahua y las versiones sobre la presunta presencia de agentes de la CIA detonaron una movilización promovida por Morena, solicitando juicio político contra la gobernadora Maru Campos. Pero detrás del episodio subsiste una creencia que México arrastra desde hace 70 años: la permanencia y la influencia de la CIA en territorio nacional.
Desde los años cincuenta, México fue una de las plazas estratégicas más importantes para la CIA en el hemisferio occidental. En plena Guerra Fría, Washington veía al país como pieza fundamental por razones geográficas, políticas y militares: la frontera compartida, la revolución cubana, los movimientos estudiantiles latinoamericanos, la presencia soviética y la estabilidad del régimen priista. Los documentos desclasificados son contundentes, el proyecto LITEMPO reveló vínculos de colaboración entre la CIA y altos funcionarios mexicanos. Los nombres de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría aparecieron relacionados con mecanismos de intercambio de información con la inteligencia estadounidense. No existen pruebas públicas de que hayan sido “agentes” en el sentido cinematográfico del término, pero si de una relación permanente y estrecha. Durante aquellos años, la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, colaboró activamente con agencias estadounidenses en tareas de espionaje, vigilancia política y contrainsurgencia. México se convirtió en un gigantesco centro regional de observación desde donde se seguía a diplomáticos soviéticos, simpatizantes de Fidel Castro, movimientos guerrilleros y dirigentes estudiantiles. La paradoja siempre fue evidente, mientras el discurso oficial mexicano defendía la soberanía nacional y la no intervención, la cooperación silenciosa con Washington se profundizaba.
Y llegó el narcotráfico. Con el paso de los años, la DEA, el FBI y distintas agencias estadounidenses ampliaron su presencia bajo el argumento del combate a las drogas. La relación alcanzó uno de sus momentos más intensos durante el gobierno de Felipe Calderón con la iniciativa Mérida, cuando la inteligencia estadounidense penetró áreas sensibles de seguridad mexicana. López Obrador intentó modificar la narrativa, criticó la intervención extranjera y limitó ciertas operaciones tras el caso Cienfuegos. Sin embargo, jamás rompió realmente la cooperación con Washington. Era prácticamente imposible hacerlo, migración, armas, fentanilo y crimen organizado terminaron obligando a mantener la coordinación.
Hoy Claudia Sheinbaum enfrenta exactamente la misma contradicción. Mantiene un discurso soberanista y rechaza públicamente operaciones extranjeras fuera del marco legal mexicano, pero al mismo tiempo enfrenta una presión creciente de Estados Unidos por la seguridad fronteriza, los cárteles y el tráfico de fentanilo. Por eso el episodio de Chihuahua resulta tan delicado políticamente, porque toca una fibra histórica profundamente arraigada en México: la sospecha permanente de que la inteligencia estadounidense opera dentro del país desde hace décadas con distintos nombres, distintos gobiernos y distintos métodos. La verdadera pregunta no es si la CIA está en México, sino si alguna vez se fue. En tanto México envía notas diplomáticas de extrañamiento, Estados Unidos presiona la entrega de funcionarios políticos presuntamente relacionados con el narcotráfico. Aunada a la duda sobre el alcance de la información sobre México en Washington, nos preguntamos qué hará el gobierno mexicano frente a futuras solicitudes, ¿habrá extradiciones, entregas pactadas, juicios en territorio nacional o negociaciones silenciosas? Cada vez más delicada la relación entre ambos países.
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