Este 1 de junio no solo elegiremos jueces, magistrados y ministros, elegiremos el futuro, la independencia -más bien la dependencia- del Poder Judicial. El discurso oficial pregona que el pueblo debe decidir sobre quienes lo juzgarán, pero ¿qué tan genuina es una democracia con instituciones débiles y altamente polarizada, con un aparato de Estado volcado sobre un proyecto hegemónico, sentenciando que: “Si estás en contra, estás con la corrupción”.
Ese día llenaremos cuatro boletas distintas sólo para cargos judiciales: una para elegir a nueve ministros –obvio, y ministras- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra para designar a 165 magistrados de circuito y una más para 896 jueces de distrito. En total estaremos votando por más de cien mil funcionarios judiciales en todo el país. Se trata de la elección judicial más grande y radical, la más enredada, confusa, improvisada y desinformada que haya visto México. Imposible conocer las tantas trayectorias de los tantos aspirantes, se votará por latida o por manipulación burocrática o sindical. Al politizar la justicia se corre el riesgo de relajar la formación técnica, la experiencia, la vocación de legalidad y la estabilidad institucional requerida. Los jueces electos, con campañas financiadas, respaldos partidistas y compromisos adquiridos, difícilmente se conducirán con imparcialidad. ¿Serán capaces de fallar en contra de quién los llevó al cargo? ¿Podrán ignorar la voluntad de sus promotores? En nombre de la transformación se estará desmontando el último contrapeso, se sacrificará la neutralidad, la confianza, la certeza y la equidad. El Poder Judicial, con sus errores, corrupción e ineficiencia, ha significado un dique frente a los abusos de poder, ahora, se transformará en campo electoral, en un apéndice más del Ejecutivo. ¿Puede ser eficiente un Poder cuya responsabilidad es limitar a los otros dos poderes, habiendo sido electo bajo las reglas, presión e influencia de esos mismos poderes?
El impacto electoral será doble: En lo interno, se debilitará la confianza ciudadana en los tribunales, los que serán vistos como espacios cooptados. En lo externo, las inversiones resentirán la pérdida de garantías jurídicas, con litigios resueltos más por lealtades que por la ley. Las reglas del juego fueron alteradas sin consenso y con prisa. Seguramente la oposición desconocerá el resultado, denunciará ingerencias, manipulación e inequidad.
Consecuencia de las próximas elecciones, el sistema judicial se transformará en un campo de batalla político. Jueces y magistrados electos por voto popular llegarán con respaldo de partidos o grupos criminales, arrastrando compromisos ajenos a la justicia. El día a día se contaminará con presiones externas, incertidumbre en fallos y desconfianza pública. Los enfrentamientos entre la ortodoxia y los intereses creados serán inevitables, los tribunales, otrora espacios de legalidad, podrían convertirse en trincheras ideológicas. Litigios sensibles se resolverán más por cálculos políticos que por méritos jurídicos, los ciudadanos perderán protección y el Estado de derecho quedará erosionado. Lejos de favorecer al Poder Judicial, esta elección lo fracturará, lo someterá y lo pondrá en manos de la voluntad del mandante en turno. El daño institucional será profundo y difícil de revertir.
José Rubinstein