¡Venga por mí cobarde, aquí lo espero!, vociferaba el orondo Nicolás Maduro cuando Donald Trump amenazaba con acabar con el régimen venezolano. Trump no invadió Venezuela, hizo algo más efectivo, cercó al régimen, persiguió sus finanzas, sancionó a sus colaboradores y convirtió a muchos de sus funcionarios en fugitivos internacionales.
Ahora, algunas señales sugieren que una estrategia parecida comienza a asomarse sobre México. La zar antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, recién declaró que Washington ha puesto en la mira a los funcionarios mexicanos que se vendieron a los cárteles. Habló específicamente de funcionarios que, según dichas acusaciones, protegieron al Cártel de Sinaloa, lanzando tajante advertencia: “Si no cooperan, Estados Unidos irá por ellos”. La acusación contra Rubén Rocha Moya dejó de ser un episodio aislado, por primera vez, Washington cruzó una línea antes evitada: señalar directamente a un integrante de la élite política mexicana como presunto colaborador de una organización criminal. El mensaje es evidente, ya no se limita a los narcotraficantes, ahora alcanza a quienes presuntamente les brindaron protección. Por eso la interrogante no se limita a Rocha, sino a quién sigue. Los nombres de los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, aparecen reiteradamente en especulaciones, rumores y conversaciones de pasillo. Hasta este momento no aparecen acusaciones formales de la magnitud de las presentadas contra Rocha, sin embargo la posibilidad de que Washington continúe avanzando sobre figuras políticas de alto nivel ha introducido un apenas impensable factor de incertidumbre.
Mientras tanto, otro frente se desarrolla lejos de los reflectores: el dinero. Durante décadas las autoridades estadounidenses han decomisado propiedades, ranchos, aeronaves, embarcaciones, empresas, cuentas bancarias y miles de millones de dólares vinculados a organizaciones criminales mexicanas. La pregunta es inevitable, ¿dónde está ese dinero? En términos generales permanece bajo jurisdicción estadounidense. Una parte puede ser compartida mediante acuerdos de cooperación, pero la inmensa mayoría fortalece las capacidades de investigación, inteligencia y persecución criminal de Estados Unidos. La guerra contra los cárteles también representa una gigantesca transferencia de recursos hacia las instituciones que los combaten.
Sin embargo, el frente más importante quizá no se encuentre en los tribunales ni en las agencias de seguridad, se encuentra en la revisión del T-MEC. Formalmente se negocian reglas comerciales, inversiones, energía y cadenas de suministro. En la práctica, la seguridad y el combate al narcotráfico han comenzado a mezclarse con la agenda económica. Washington entiende que el comercio es una herramienta de presión mucho más poderosa que cualquier despliegue militar. Y es ahí donde México enfrenta su mayor desafío, la presión ya no proviene únicamente de fiscales, agentes o jueces federales estadounidenses, ahora puede provenir del acuerdo comercial más importante para la economía nacional. Si Washington concluye que existen redes de protección política al narcotráfico y que México no actúa con suficiente contundencia, el tema terminará inevitablemente en la revisión del T-MEC. La verdadera preocupación no debería ser una intervención militar. La factura llegará por otra vía, la del comercio, la inversión y la confianza. Y podría cobrarse en la mesa de negociación del T-MEC por una guerra contra los cárteles que durante años nadie quiso enfrentar hasta sus últimas consecuencias.
Analista político
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