Estamos en junio de 2027, a dos años de que la llamada Reforma Judicial transformó, para mal, el rostro de la justicia mexicana. Hoy el país paga con creces el costo de haberla entregado al capricho de la Cuarta Transformación. Lo que en su momento fue presentado como una democratización del Poder Judicial, ha devenido en un desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Hoy las leyes ya no son la brújula, sino el campo de batalla. Y los jueces, antes garantes de la legalidad, son piezas desechables de un sistema que premia la obediencia y castiga la preparación.
Lo advertimos muchos, los contrapesos existen para contener el abuso, no para perpetuarlo. Al elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular, en campañas financiadas con recursos opacos y respaldadas por partidos y sindicatos, el país convirtió los tribunales en trincheras ideológicas, creadoras de resoluciones plagadas de errores y contradicciones jurídicas, cargadas de acentuada parcialidad. Las controversias comerciales parecen haber sido redactadas más por afanes políticos que de acuerdo a tratados internacionales.
El impacto sobre el T-MEC ha sido demoledor. La inversión extranjera directa se ha desfondado en dos años, en más del 20 por ciento. Empresas estadounidenses y canadienses han denunciado arbitrariedades en procesos judiciales y administrativos que violan el Art. 14 del Tratado, relativo a la protección de inversiones. De los 12 paneles de solución de controversias solicitados desde 2025, cinco han fallado en contra de México y tres más están en proceso. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, en reciente comunicado, expresó: “La reforma judicial ha debilitado las garantías mínimas para operar en México. No hay confianza en que las disputas se resuelvan de manera imparcial”. Consecuentemente, se ha agudizado un repliegue de capitales, principalmente en sectores estratégicos, como energía, manufactura avanzada y tecnología, justo aquellos rubros que el T-MEC pretendía robustecer.
Más allá de la inversión frustrada de millones de dólares, lo más lamentable es el daño invisible, pero profundo, que esta reforma ha infligido en la conciencia legal del país. Se ha fracturado la certeza jurídica, pilar indispensable de toda democracia funcional. Las leyes han dejado de ser un instrumento de equidad y justicia para transformarse en herramientas interpretadas al gusto de los nuevos inquilinos del poder judicial, cuya ignorancia en ocasiones raya en lo grotesco. Hay casos en que sentencias confunden códigos, ignoran precedentes y pisotean garantías constitucionales, sin que exista mecanismo de corrección efectivo. Ya no hay orden legal, lo que hay es un sistema distorsionado, donde los litigios se ganan más por alineación política que por la solidez de los argumentos. La justicia se ha convertido en un botín más del oficialismo, incapaz de contener la corrupción y mucho menos de ofrecer seguridad jurídica. En dos años se ha erosionado lo que tardamos décadas en construir: un sistema judicial independiente, perfectible, pero funcional.
El juicio de la historia será severo. La Reforma Judicial fue una apuesta irresponsable, disfrazada de justicia popular. Finalmente, el pueblo no se beneficia cuando sus jueces no saben interpretar la ley, cuando sus tribunales sirven al poder y cuando sus derechos son papel mojado. En este nuevo orden, prevalece la obediencia sobre la justicia.
José Rubinstein
Analista político
