El Estado democrático de derecho en México en la gobernación democrática es, sin duda, el generador de la forma de la vida democrática con la acción de gobernar y, enlazado con la soberanía ciudadana, da dirección a la sociedad en el sistema jurídico establecido.
No obstante, en los tiempos actuales, las situaciones de emergencia, la pandemia, la inseguridad, los retrasos en la justicia, la brecha entre pobreza y riqueza, si bien han detonado transformaciones al orden del Estado democrático de derecho para solventarlas, aún no logra condensar otro modelo que satisfaga, a los miembros de la sociedad, las demandas, exigencias y requerimientos fundadas en el progreso, que concentren un mejor estadio de desarrollo, crecimiento, bienestar y justicia.
Al respecto, resulta ilustrativo el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 elaborado por World Justice Project, con las entrevistas realizadas a más de 25,000 personas en todo el país, a 2,300 especialistas en justicia penal, civil y laboral, en salud pública, las encuestas y bases de datos a otras instituciones reconocidas, evidencian ciertas disparidades de las 32 entidades federativas en materia del Estado de Derecho.
Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, organizados en los factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; expresan la brecha entre los puntajes de las 32 entidades federativas, afectadas con la pandemia del Covid-19 y la aplicación de las medidas sanitarias, así como la inseguridad pública, generaron, entre otras situaciones, las disrupciones en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, el debilitamiento de la libertad de prensa, la reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas, la inseguridad pública, aunque muchos estados registraron disminución en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas.
Por otra parte, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En suma, con los índices referidos se observan retrasos en el progreso hacia un Estado democrático de derecho fortalecido.
En el dimensionamiento del Estado democrático de derecho, se inscriben las alertas para que los procesos en el orden referido, al modificarlo, no vulneren el patrón para el funcionamiento político y el rendimiento social de la democracia, como garantizar la institucionalidad para la competitividad y alternancia en el poder entre los diversos actores políticos, la paridad entre géneros para acceder a los cargos de elección popular y en el ejercicio del gobierno, la inclusión de sectores sociales vulnerables, el fortalecimiento a la tutela y acceso efectivo y expedito al sistema de justicia, a la administración pública transparente, rindiendo cuentas a la ciudadanía, a mejorar el crecimiento económico y el desarrollo social, a las relaciones equilibrada entre los poderes públicos y las organizaciones sociales, a la tutela efectiva de los derechos humanos, entre otros aspectos.
Ello sería el impulso democratizador. El propósito de construir y desplegar toda la capacidad de gobierno que contiene la democracia pluralista y que el país necesita y entrar en un tiempo del Estado democrático de derecho socialmente nuevo.
