Al concretarse, por nuestros legisladores, la extinción de 109 fideicomisos y de fondos públicos de la administración pública paraestatal federal, con la aprobación del Senado, con el voto de la mayoría, el pasado 21 de octubre, concluyó el proceso legislativo por el Congreso de la Unión para tal efecto.
Consecuentemente, con la decisión legislativa referida, condensó la medida administrativa mandatada previamente por el presidente de la República, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril de 2020, para que las dependencias y entidades de la administración pública federal llevaran a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos.
La posición presidencial considera que, la extinción de los fideicomisos, resolverá la corrupción, la falta de control y transparencia, la transferencia de recursos públicos que favorecen a grupos, empresas y corporaciones, aspectos que se darán a conocer toda vez que se concluya el diagnóstico y evaluación de cada uno (El Universal, 14/10/2020).
Si bien la postura presidencial fue la expresión dada ante las manifestaciones de investigadores, familiares de desaparecidos, exinmigrantes, gobernadores de la Alianza Federalista, las y los legisladores, entre otros que se opusieron a la extinción de los fideicomisos, resulta relevante enlazar dicha medida con la capacidad de gobierno para resolver problemas cada vez más complejos inscritos en la pandemia.
Una mirada a las reformas de la administración pública paraestatal federal anteriores, nos hace recordar el patrón del redimensionamiento del Estado dado en los años ochenta e inicios de los noventa de la centuria pasada, caracterizado con la reducción de las estructuras, funciones y órganos de la administración pública, producido con la extinción, fusión, liquidación, transferencia y privatización de organismos, empresas públicas, instituciones auxiliares nacionales de crédito y fideicomisos.
Fue una reforma contraria a la expansión de la administración pública paraestatal, aparejada con la política de austeridad, ajuste fiscal y presupuestario, como parte de la estrategia del combate a la corrupción ante los altos niveles dados.
Para fines del siglo pasado y hasta el presente, la conjugación de factores internos y externos condujeron a modificar el paradigma anterior con el modelo de la reforma del Estado y de la administración pública federal a fin de sortear los cambios y la magnitud de los problemas.
En la denominada cuarta transformación, la administración pública paraestatal federal se inscribe en una interfase en la que redefine sus límites con la extinción de los fideicomisos y se llegará con ello, a contar, en dicho sector federal, con 172 entidades paraestatales, es decir, 107 organismos descentralizados, 63 empresas de participación estatal mayoritaria y 2 empresas productivas (PEMEX y CFE), Esto se puede deducir de la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2020.
El reciente redimensionamiento a la administración pública paraestatal, con la extinción de los fideicomisos, se da en los marcos del pluralismo político, en la alternancia en el gobierno, el presidente de la República que cuenta con la mayoría de legisladores en el Congreso de la Unión.
Cuyas modificaciones a la administración pública federal paraestatal se encuentran vinculadas con las reformas presupuestarias basadas en la implantación de la política de austeridad, ajuste fiscal y presupuestario, en los que se han establecido reducciones a diversos programas como el de instancias infantiles, a organizaciones no gubernamentales, acciones para la prevención del combate a las adicciones, a la atención de víctimas de delitos, así como la disminución presupuestal a los organismos autónomos INE, CNDH, entre otros.
Los estándares de la administración pública federal se orientan en la lógica racional de garantizar el bienestar social, que incluye a la transparencia en los procesos de corrupción generados por décadas por servidores públicos y se requiere se proceda a evitar la impunidad de los actos realizados.
Estas acciones reforzadas con una política de mejora salarial, con el aumento del salario mínimo, ajustes en las tarifas del sector público y la reducción o cancelación de subsidios a organizaciones no gubernamentales, asimismo se redefinen las transferencias asistenciales a la asignación directa a los beneficiarios bajo ciertas reglas y procedimientos en la norma en materia administrativa.
Esto tiene por base eliminar deterioros y desgastes institucionales que inhiben el desempeño fructífero de la administración pública federal.
En esta tesitura, los atolladeros a dilucidar con la extinción de los fideicomisos, resulta necesario establecer, en la evaluación de cada uno, quiénes resultaron beneficiados, con cuántos recursos, durante cuánto tiempo, a que sectores y cómo se aplicaron los recursos. Ello a fin de transparentar resultados que legitimen la decisión tomada y que no conduzca a limitar la consolidación del nuevo modelo administrativo en proceso de instauración.
